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Medicamentos en el país.
Medicamentos en el país.
Foto: AFP

El Consejo de Estado anunció que no revisará la legalidad del decreto que permitió al Gobierno modificar de manera parcial el régimen de aduanas para la “importación de medicamentos dispositivos médicos, reactivos químicos, artículos de higiene y aseo, insumos, equipos y materiales requeridos para el sector agua y saneamiento básico” por la COVID-19.

El alto tribunal de lo Contencioso Administrativo señaló que no era necesario que el Presidente se amparara en la emergencia económica y social por la pandemia para emitir la medida.

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Lo anterior porque la Constitución permite al Presidente decretar esas modificaciones en el régimen de aduanas, mediante la intervención a aranceles y tarifas, sin necesidad de que exista un estado de emergencia como el que actualmente atraviesa el país.

Sin embargo, esa norma podrá ser demandada posteriormente para su estudio, según explicaron fuentes del Consejo de Estado.

“La Constitución Política, corresponde al Presidente de la República como jefe de Estado, jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa: “[…] modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas […]”, competencia que ejerce, de acuerdo con las normas generales que dicte el Congreso de la República”, dice uno de los apartes del fallo.

Así las cosas, el Consejo de Estado dice que, aunque el Gobierno expidió el decreto de los aranceles por la emergencia decretada, no se podrá revisar la norma aplicando el control automático.

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“El Consejo de Estado estableció que no le compete adelantar control automático de legalidad sobre esta medida, porque no fue proferida al amparo de la emergencia económica, social y ecológica fijada en todo el territorio nacional el 17 de marzo pasado, con el propósito de hacer frente a la pandemia”, dice un comunicado de esa Corte.

La medida, dictada por el Presidente de la República el pasado 22 de marzo, busca generar alivios en el costo de insumos y equipos necesarios para adelantar las pruebas de detección de la COVID-19, así como de los artículos de aseo que la ciudadanía puede encontrar en el comercio para prevenir el contagio.

Según esta sentencia judicial, “el control automático de legalidad deberá ser ejercido sobre los actos administrativos generales que se produzcan en desarrollo de los decretos legislativos dictados en el marco de la emergencia”, concluye el comunicado.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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