Consejo de Estado se opone a revisar sanciones de la Procuraduría a funcionarios de voto popular

El Consejo de Estado se opuso a revisar las sanciones disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación, pues aseguró que esta decisión solamente afecta las garantías procesales que deben tener los investigados. 

En una decisión tomada por la Sala Especial de Decisión, los magistrados explicaron que la revisión de fallos sea rogada o automática, da mayores oportunidades a la contradicción de la decisión que las que podrían darse en un recurso extraordinario como el de revisión o aclaración. 

"En realidad ofrece mayores oportunidades de contradicción y de defensa que las que pueden darse en el trámite del recurso extraordinario de revisión mencionado en esta providencia", destaca uno de los apartes del fallo.

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El tribunal resaltó que la decisión de permitir que se revisen las decisiones de la Procuraduría no se ajusta al derecho a la igualdad procesal, pues señalan que hay una diferencia en los plazos para los funcionarios de elección popular.

En la sentencia aseguran que los funcionarios que son elegidos por nombramiento y son juzgados disciplinariamente, tiene cuatro meses para presentar la demanda contra la decisión, pero los elegidos por voto popular solamente tienen treinta días, lo que afecta o perjudica la oportunidad de recolectar pruebas y argumentos para controvertir la sanción. 

"Los cuales el conocimiento de los asuntos llegue a la jurisdicción de manera automática e inmediata, se le está coartando al disciplinado la posibilidad de intervenir en la estructuración de los extremos de la litis y se está suprimiendo el derecho que tiene de proponer cargos contra la decisión que le es adversa", concluye la providencia. 

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El Consejo de Estado señaló que no desconoce la preocupación y la lucha contra la corrupción que hace el órgano disciplinario, pero señala como improcedente abordar en el tribunal esos asuntos, pues no abordarían temas generales sino casos puntuales para decidir si se mantiene o se tumban las decisiones de la Procuraduría.