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 Los procesos de restitución inician este año tras apoyo de la fuerza pública.
Montería ha sido uno de los municipios con más hectáreas de tierras restituidas.
Cortesía/Unidad de Restitución

La más reciente decisión del Consejo de Estado ordenó suspender provisionalmente la circular 005 del 2018 emitida por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) que estableció unas reglas para que se pueda acreditar la propiedad de los predios rurales en proceso de clarificación. 

Esa decisión se tomó por una demanda que lideró la Procuraduría, al pedir medidas cautelares contra esa circular. La Procuraduría dijo que esas reglas no tenían en cuenta la Ley 160 de 1994 que creó el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, “al establecer una presunción de propiedad sobre bienes frente a los cuales no existe un historial alrededor de quiénes han sido sus propietarios”. 

En ese sentido, la Procuraduría sostiene que con esas reglas de la ANT se estaría “violando la reserva legal que existe sobre aspectos como la apropiación, adjudicación y recuperación de baldíos”. 

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El Consejo de Estado consideró que la ANT no podía emitir un acto general por medio del cual interpretara los requerimientos de acreditación de los predios rurales, “porque esa atribución es exclusiva del legislador”, es decir, el Congreso. 

“Si bien la función de la entidad demandada se contrae a expedir actos respecto del procedimiento de clarificación de los predios, no puede hacerlo para imponer reglas de manera general a toda la ciudadanía sino que se debe circunscribir a la aplicación de la ley en los casos concretos”, sostuvo el Consejo de Estado. 

En relación con ese tema de clarificación de predios, la Corte Constitucional está ad portas de tomar una decisión trascendental. 

RCN Radio pudo confirmar que las discusiones no han sido nada fáciles al interior de la Sala Plena, pues los magistrados están divididos en dos tesis: unos consideran que la tierra es de quien la trabaja y otros piensan que las tierras baldías deben ser entregadas, conforme lo que está establecido en el acuerdo de paz firmado con la extinta guerrilla de las Farc. 

La decisión que pueda tomar el Consejo de Estado podría ser in abrebocas a la decisión de la Corte Constitucional. 

Fuente

Sistema Integrado de Información

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