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Víctimas del atentado en Bogotá
Víctimas del atentado en Bogotá.
Cortesía

La Vicefiscal General, Martha Mancera, aseguró que en atención a la contundencia de los elementos de prueba recolectados por los investigadores fue posible avanzar en la judicialización y medida de aseguramiento a los ocho capturados por el atentado a la Escuela de Cadetes de la Policía en Bogotá.

Los ochos detenidos fueron sindicados por la Fiscalía de hacer parte del Frente de Guerra Oriental del ELN, por presuntamente financiar, planear y participar en esta acción terrorista ocurrida el 17 de enero de 2019, que dejó 22 cadetes muertos y 89 personas heridas.

Esta declaración se produjo luego de que un juzgado tomó la decisión de enviar a la cárcel a Andrés Felipe Oviedo, Angie Lorena Solano Cortes, Jessica Barrientos Castilla y Miguel Antonio Castillo, mientras que Carlos Marín fue cobijado con el beneficio de detención domiciliaria.

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El juez explicó que existe una "inferencia razonable de autoría y participación en contra de los investigados", porque según las pruebas presentadas por la Fiscalía, estas personas estarían relacionadas no solo con el ELN, sino con la activación del carro bomba que dejó también 80 personas lesionadas. 

Asimismo, la Fiscalía imputó cargos a otras tres personas señaladas de blanquear recursos obtenidos de actividades ilícitas y financiar acciones terroristas como la de la Escuela de Cadetes General Santander.

Se trata de Carlos Felipe y Luis Sebastián Mateus Vargas, conocidos como ‘Carlitos’ y ‘Sebas’, respectivamente, quienes  serían los encargados de dirigir comercializadoras de derivados lácteos que sirvieron de fachada para legalizar dineros del Frente Oriental de Guerra del ELN. 

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Otra de las imputadas fue Anyi Daniela Martínez Buitrago, alias Dani, a quien se le atribuye una transferencia de 1.500 millones de pesos a la estructura del ELN que ejecutó el atentado a la Escuela de Cadetes General Santander.

En otro proceso que se sigue contra los hermanos Carlos Felipe y Luis Sebastián Mateus Vargas, la Fiscalía impuso medidas cautelares a varios de sus bienes, como la Sociedad Inversiones y Comercializadora Aldama S.A.S.; varios locales comerciales y cuatro vehículos que habrían servido para financiar este atentado.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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