Coronavirus: Fiscalía le imputó cargos a alcalde en Santander por irregularidades en la contratación

La Fiscalía General de la Nación le imputó cargos al alcalde de San José de Miranda (Santander) Donaldo Ortíz, a la secretaría de Gobierno, Mónica Corzo y la contratista Lucy Báez, por las presuntas irregularidades que en materia contractual se han registrado para atender la crisis generada por el coronavirus.

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Ante un juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías se realizó la diligencia en la que el delegado de la Fiscalía señaló que, se detectaron supuestas irregularidades en el proceso contractual para la adquisición de ayudas humanitarias y kits para prevenir la propagación de la COVID - 19. 

Aunque el objeto del contrato era atender a la población vulnerable del municipio, los investigadores detectaron que aparentemente los mercados, no habrían sido entregados a las familias de escasos recursos. 

También se evidenció que hubo sobrecostos en la adquisición de los elementos que componían las ayudas humanitarias y los elementos de protección que serían repartidos entre las comunicados. 

"Los investigadores evidenciaron posibles sobrecostos en la compra de los productos que tuvieron un valor de 89 millones de pesos, además que los mismos no habrían sido entregados a la comunidad para la que habrían sido destinados", dijo el Fiscal durante la audiencia.

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Con base en esos argumentos, la Fiscalía les imputó los delitos de celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación. 

Cuando el juez de control de garantías, les preguntó tanto al alcalde como a los otros funcionarios de la administración municipal de San José de Miranda, si reconocían haber incurrido en ese tipo de faltas en materia de contratación, ninguno aceptó los cargos imputados y se declararon inocentes. 

Los delitos contra la administración pública no tienen ningún tipo de rebaja o descuento por la aceptación de los mismos.