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EJÉRCITO NACIONAL
Foto referencial del Ejército Nacional.
Colprensa

El excomandante del Batallón de Infantería Ramón Nonato Pérez, el coronel del Ejército Marcolino Puerto Jiménez deberá entregarle a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) información clara, exhaustiva, concreta, verídica y efectiva sobre los hechos que rodearon las ejecuciones extrajudiciales en el departamento del Casanare.

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La JEP admitió el sometimiento presentado en marzo de 2020 por el oficial y le impuso 22 compromisos para que colabore con el esclarecimiento de estos hechos dentro del expediente No. 03 denominado ‘Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado’.

El oficial -quien enfrenta procesos en la justicia ordinaria por concierto para delinquir, peculado por apropiación, secuestro simple, fraude procesal, falsedad ideológica en documento público, homicidio en persona protegida falsedad en documento público- deberá entregar información sobre quiénes dieron las órdenes para el asesinato de tres personas que fueron presentadas como integrantes de grupos armados ilegales abatidos en combate.

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El coronel Puerto Jiménez deberá enviar un documento en los próximos días con los nombres precisos de los superiores jerárquicos que incentivaron estas prácticas para mostrar resultados operaciones, así como la existencia de incentivos para presentar cifras de bajas.

Deberá indicar “la razón por la que se dieron los homicidios” de José Rubiel Llanos (registrado el 9 de julio de 2006 en Tauramena) y los de Diego Armando Heredia Monroy y Domingo Antonio Castro Zorro (registrados el 12 de junio de 2007 en Tauramena). Explicar cómo se obtuvieron las armas, cómo y por qué seleccionaron a las víctimas, verificar si tenían documentos de identidad a la hora de reportarlos como guerrilleros y si, para estos hechos, actuaron en convivencia con grupos armados ilegales o particulares. Así como señalar si se dieron órdenes para establecer una versión ante la Justicia Penal Militar o la justicia ordinaria.

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El coronel y su defensa ya fueron notificados de la decisión que tomó la Sala de Definición de situaciones jurídicas y deberán presentar en los próximos días su respuesta a las 22 condiciones que se le impusieron. El coronel seguirá privado de la libertad hasta ante no revele o muestre su voluntad para hacer contribuciones tempranas, excepcionales y suficientes a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.

Cualquier incumplimiento –como lo ordena la ley 1957 de 2019- de los

compromisos generarán una pérdida de los beneficios obtenidos o una expulsión de la misma jurisprudencia especial.

Fuente

Sistema Integrado Digital

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