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La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a dos oficiales y a un suboficial en retiro de las Fuerzas Militares, por estar presuntamente implicados en hechos de corrupción relacionados con el pago irregular de recompensas.

Los militares implicados en este caso son: el teniente coronel Robert Antonio Muñoz Legarda, comandante del Batallón BR-18, adscrito al Batallón Vencedores N°23 en Cartago (Valle del Cauca); capitán Edgar Andrés Ballesteros Perdomo, de Inteligencia del Batallón Vencedores N°23; y el sargento segundo (r) Luis Fernando Vélez Ramírez.

Ante los hechos investigados, la Fiscalía les imputó a estos uniformados por la presunta comisión en  los delitos de peculado por apropiación, fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.

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Las pruebas recolectadas por los investigadores evidenciaron que los uniformados, al parecer, elaboraron informes y promovieron trámites administrativos para soportar el pago de informantes por procedimientos que no existieron o fueron ejecutados por otras unidades militares.

El primer evento investigado por la Fiscalía se relaciona con con la presunta apropiación de 5’500.000 pesos, los cuales fueron reclamados ante la Tercera Brigada del Ejército Nacional, con el supuesto de que se entregarán a la fuente humana que proporcionó la información para ubicar 170 cilindros, que serían utilizados para ataques contra la fuerza pública.

Sin embargo, los investigadores descubrieron que esta incautación fue producto de un patrullaje de rutina y no habría lugar al pago de recompensa.

De otra parte, en septiembre de 2020, los dos oficiales obtuvieron cuatro millones de pesos de la Alcaldía de El Dovio (Valle del Cauca).

 En este caso, los fiscales establecieron que el dinero fue tramitado con documentos en los que los uniformados se atribuían la operación en la que murió alias 'El Negro Antonio', cabecilla del ELN, pero dicha diligencia fue adelantada por una unidad distinta.

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Estas actuaciones quedaron al descubierto gracias al trabajo articulado de la Fiscalía, el CTI, la Dijín de la Policía Nacional y el Ejército Nacional.

 Por disposición de un juez de control de garantías, los tres uniformados investigados fueron cobijados con medida de aseguramiento de detención domiciliaria.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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