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escándalo Idesan
Suministrada

Los cinco capturados por el 'carrusel de créditos' en el Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander (Idesan) no aceptaron los cargos por los delitos de concierto para delinquir y urbanización ilegal, que la Fiscalía General de la Nación les imputó en las últimas horas.

Gilberto Mendoza Ardila, exgerente del Idesan, el profesional jurídico Hermes Rico y los excontratistas Jorge Enrique Gualdrón Martínez, Shirley Castro Rojas y Claudia Hernández, secretaria del Instituto y quien se entregó a las autoridades, fueron acusados por supuestas irregularidades en el otorgamiento de créditos que ascienden a los nueve mil millones de pesos.

Sin embargo, Óscar Jahir Hernández, asesor político en la región, explicó que la investigación retoma un historial de contratos de años atrás, cuando el Idesan se vuelve una especie de banco a través de la transformación de la Asamblea departamental.

“Hubo un presunto concierto para delinquir entre directivos del Idesan, el gerente y empleados del área de sistemas. La gravedad de esto es que prestaban esos dineros sin exigir una garantía que respaldara las deudas desde el 2017”, señaló Hernández.

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La empresa de Proyectos y Construcciones de Santander (Procosan) también terminó implicada en este caso, por lo que fue una contundente prueba para detener a los acusados, debido al pliegue de pruebas que se recogieron tras investigar a Procosan. 

Procosan también está en vuelto en otro escándalo porque recogió dinero de más de 300 familias con unos supuestos proyectos de vivienda en Girón y la gente hoy manifiesta que fueron estafados”, añadió el asesor político.  

Aunque al término de la primera audiencia estas personas no aceptaron los delitos por los que se les acusan, para Ana María Hernández, la fiscal del caso los exfuncionarios del Idesan, facilitaron y aprobaron los créditos sin soporte de pago.

“El doctor Hermes Rico había dejado plasmado en un acta que faltaban varios requisitos por parte de Procosan. Entre esos la licencia, el uso de suelo entre otros, además aprobaron los créditos y posteriormente los desembolsos. Es decir, esos cinco proyectos a lo cual se concertaron para dar la viabilidad no eran viables ni técnica, ni jurídicamente”, explicó la fiscal.

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Razón por la que en medio de la audiencia de imputación de cargos inicialmente la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento preventiva para los señalados, al considerar que omitieron sus funciones y otorgaron un crédito por 3.800 millones de pesos sin el cumplimiento de requisitos legales a Procosan.

Sin embargo, se fijó nuevamente para este martes otra audiencia luego de que los abogados manifestaron que analizarían las pruebas aportadas por la Fiscalía para así poder iniciar sus intervenciones.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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