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En el Acto Legislativo 01 de 2017 se estableció que la competencia de los bienes no inventariados es exclusiva del ente investigador.

Farc
Aseguran que muchos exsubversivos se han visto amenazados por grupos paramilitares.
Foto: archivo AFP

El próximo miércoles, la Sala Plena de la Corte Constitucional discutirá la ponencia del magistrado Luis Guillermo Guerrero frente al conflicto de competencia entre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Fiscalía General de la Nación sobre los bienes no inventariados por la guerrilla de las Farc. 

RCN Radio pudo establecer que la Corte Constitucional le daría la razón a la Fiscalía sobre su competencia para adelantar los procesos de extinción de dominio sobre los bienes que no fueron inventariados o entregados por este grupo guerrillero tras la firma del acuerdo de paz. 

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El exministro de justicia, Yesid Reyes explicó que ese punto quedó establecido en el Acto Legislativo 01 de 2017. 

“Se precisó que los bienes y activos que no hayan sido inventariados una vez concluido el proceso de dejación de armas recibirán el tratamiento que establece la legislación ordinaria”, precisó Reyes en una columna titulada ‘Los bienes de las Farc’ la cual fue publicada en noviembre de 2017. 

Frente a esto, el exministro le explicó a RCN Radio que la JEP tampoco tendría competencia para adelantar acciones o conocer sobre esos bienes. 

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“Se creó un fondo especial de atención y reparación a víctimas que no pasa ni por Fiscalia, ni por JEP. Dicho fondo no es manejado por la JEP, entonces bienes entregados en el inventario por las Farc van directamente a un fondo que no pasa por la Jep”, detalló. 

En este sentido precisó que los bienes no inventariados que hayan sido utilizados por las Farc, después de constituir las zonas veredales, “pueden dar lugar a la comisión de un delito que puede ser investigado por la Fiscalía”. 

Para el fiscal General, Néstor Humberto Martínez cualquier bien encontrado después de la fecha límite, tendría que recibir tratamiento de la legislación ordinaria, es decir deben ser objeto de extinción de dominio, por ser lícitos.

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Informes del ente investigador revelaron que después del 15 de agosto de 2017 se han encontrado 548 predios urbanos, 5.228 bienes rurales, 207 bienes baldíos, 284 predios comerciales, 792.808 semovientes y 1.166 automotores.

Según la Fiscalía General también se han encontrado ‘caletas’ con millones de dinero que, al parecer, no fueron incluidas en el inventario de bienes entregados. 

Fuente

Sistema Integrado de Información

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