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Carlos Felipe Córdoba Larrarte en el Congreso de la República, en Bogotá 
Carlos Felipe Córdoba Larrarte en el Congreso de la República, en Bogotá 
Colprensa

La Corte Constitucional aprobó la más reciente reforma de la Contraloría General de la República, sobre el régimen de control fiscal que le permitirá a esa entidad hacer controles sobre el manejo de los recursos públicos en tiempo real.

Se trata del Acto Legislativo 4 de 2019 que generó polémica en su momento, ya que otorga nuevas funciones a la Contraloría, como tomar acciones en tiempo real cuando se considere que algún proyecto o contrato está poniendo en riesgo los dineros públicos.

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La Corte consideró que esa reforma es ajustada a la ley y no implicará coadministración y que se realizará en tiempo real, a través del seguimiento permanente de los ciclos, uso, ejecución, contratación e impacto de los recursos públicos.

Ese tribunal también explicó que el nuevo modelo permitirá el uso de las tecnologías de la información, además de la participación de control social.

Lo que dice puntualmente la norma, es que el contralor general tendrá la facultad de advertir a los servidores públicos y particulares que administren recursos públicos, sobre la existencia de un riesgo inminente en operaciones o procesos en ejecución.

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Lo anterior se hará con el fin de “prevenir la ocurrencia de un daño, a fin de que el gestor fiscal adopte las medidas que considere procedentes para evitar que se materialice o se extienda, y ejercer control sobre los hechos así identificados”, según señaló la Corte Constitucional.

La aprobación de la norma se dio en el debate de septiembre de 2019, cuando algunos congresistas plantearon durante el debate la eliminación de las contralorías territoriales. La propuesta no prosperó y esas entidades seguirán ejerciendo sus funciones de manera normal.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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