Corte Constitucional declara urgencia nacional para estudiar la Ley de Garantías

Con seis votos a tres la Corte Constitucional declaró la urgencia nacional para estudiar las demandas contra la modificación que se presentó a la ley de garantías en la ley de presupuesto nacional aprobada en el Congreso. 

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La Corte acogió la propuesta que presentó el magistrado Jorge Enrique Ibañez para quien el asunto debe ser considerado “como un asunto de especial trascendencia social y prevenir la eventual grave afectación del patrimonio nacional por lo cual deberá ser tramitado y fallado”. 

La Corte recibió 42 demandas de inconstitucionalidad contra la ley de presupuesto en busca de que se tumbe esa modificación que permite suspender la ley de garantías permitiendo celebrar convenios interadministrativos con las entidades territoriales para ejecutar programas y proyectos, incluso en medio de las elecciones a Congreso y presidenciales. 

Concretamente las demandas son contra el artículo 124 que dice textualmente que “con el propósito de promover la reactivación económica y la generación de empleo en las regiones, la Nación podrá celebrar convenios interadministrativos con las entidades para ejecutar programas y proyectos correspondientes al Presupuesto General de la Nación”, algo que estaba prohibido en época electoral para evitar corrupción.

Las demandas plantean que el Congreso incurrió en un error al intentar modificar o derogar una ley estatutaria como la ley de garantías, mediante una ley orgánica como lo es la ley de presupuesto.

“Está modificando y/o derogando una norma de una ley estatutaria (…) que sólo puede ser aprobada, modificada o derogada mediante otra ley estatutaria, como lo exige el artículo 153 de la Constitución Política”, dice una de las demandas presentada por el ciudadano Carlos Maya.

David Luna y José Daniel López en su calidad de representante a la Cámara por Bogotá le dijeron a la Corte que la ley de presupuesto incurre en un vicio de procedimiento.

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Mientras que senadores como Luis Fernando Velasco, Antonio Sanguino, también demandaron; mientras que Sanguino dijo que “con la sanción de esta ley, el presidente legitimó de manera irregular una modificación de las normas que regulan las leyes estatutarias”, señaló Velasco.