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El alto tribunal estudia una demanda presentada contra la ley 'Natalia Ponce de León'.

Abuso sexual. Imagen de referencia
El investigado no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía.
Foto tomada de Ingimage

La Corte Constitucional debate una demanda presentada en contra de la ley que aumentó las penas para los que ocasiones lesiones graves usando agentes químicos como el ácido.

La ley 1773 de 2016 o ley Natalia Ponce de León que aumentó las condenas y fijó unas penas los 20 y 30 años para los agresores con ácido.

Dicha ley prohíbe redimir u obtener rebajas en la pena por aceptación de cargos o la firma de un principio de oportunidad o preacuerdo. 

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Para los demandantes, estas condenas vulneran los derechos y los principios de dignidad humana, igualdad y derecho a la libertad.

La ley tal como está, dice "el que cause a otro un daño en el cuerpo o en la salud, usando para ello cualquier tipo de agente químico (…) que generen destrucción al entrar en contacto con el tejido humano incurrirá en pena de prisión de 150 meses a 240 meses y multa de 120 a 250 salarios mínimos".

Añade que "cuando la conducta cause daño o deformidad, perdida parcial o total (…) la pena será de 251 meses a 360 meses de prisión. Si la deformidad afecta el rostro se aumentará hasta en una tercera parte. cuando se cobije con medida de seguridad, la duración de esta no podrá ser inferior a la pena establecida".

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La demanda señala que las medidas de seguridad adoptadas por la norma se introdujeron sin justificación suficiente en los debates en el Congreso por cuenta de una serie de agresiones con ácido que se venían presentando en el país.

“Medida por el desarrollo investigativo de uno de los casos más emblemáticos y para evitar que el victimario accediera a la sustitución de la pena mediante medidas fraudulentas", precisa uno de los apartes de la demanda.

Para los accionantes, el Congreso no analizó la situación de las personas en condición de inimputabilidad, es decir a aquellos que tienen algún tipo de enfermedad y deben recibir diferente tratamiento, sino que sólo se limitó a la gravedad de la conducta.

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"El tiempo de internación definido por el juez no puede depender (ni exceder) del previsto para la pena del delito, sino del respectivo tratamiento (los topes mínimos son inexequibles pues implican internar a un inimputable por un tiempo superior al requerido para su rehabilitación, vulnerando el derecho a la liberad", puntualiza la demanda.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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