Corte Constitucional definirá tutela de 'Colombia Humana' para recuperar su personería jurídica

El movimiento Colombia Humana radicó una tutela en contra del Consejo Nacional Electoral (CNE) en la que pide de que se le reconozca su personería jurídica.

En el recurso, que se encuentra en estudio por parte del despacho del magistrado Alejandro Linares de la Corte Constitucional, piden que el CNE deje sin efectos la resolución 3231 del 20 de diciembre de 2018 que les negó el reconocimiento de la personería jurídica.

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En la tutela argumentan que la resolución se expidió sin que se hubiera presentado una solicitud formal y además se trató de “un acto administrativo que no fue notificado a los interesados”.

"Como se puede apreciar, el Consejo Nacional Electoral, inicialmente sin que se hubiera elevado la solicitud del reconocimiento de la Personería Jurídica, de manera arbitraria un día antes de vencer su periodo, se adelantó a proferir su pre-concepto señalando que el Grupo Significativo de Ciudadanos no tenía derecho a la Personería Jurídica", señala uno de los apartes de la tutela.  

También afirman que la Procuraduría se opuso a esa resolución y “solicitó el otorgamiento de la Personería Jurídica al Grupo Significativo de Ciudadanos Colombia Humana”.

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Según la tutela, el argumento del CNE para negar esa personería jurídica fue que el movimiento “no participó en las elecciones al Congreso de la República del 11 de marzo del 2018. Su participación se limitó a la aparición de su logo en el registrado por las candidaturas inscritas de la llamada Lista de la Decencia”.

La Colombia Humana dice que para las elecciones presidenciales de 2018 se constituyeron como el movimiento político que más obtuvo votos de la ciudadanía: “en esta primera vuelta el candidato Gustavo Petro obtuvo 4.855.069 votos. En segunda vuelta obtuvo 8.040. 449 votos”.

Además, aseguran que “la negativa de la personería jurídica reduce también las posibilidades de ejercer plenamente los derechos políticos en el proceso electoral que se efectuará en el presente año (…) perjuicio irremediable que pone en riesgo los derechos fundamentales”.