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Colprensa

La Corte Constitucional definirá en el 2019 la demanda que interpuso el excontralor General Edgardo Maya Villazón contra la ley de Infraestructura que establece pagos por terminación anticipada de los proyectos, y que se aprobó el Congreso a finales de 2017.

El presidente de la Corte, Alejandro Linares, dijo que el Alto Tribunal sólo decidirá sobre el parágrafo uno de la ley, en el sentido de establecer en qué medida se debe compensar o no a la empresa privada, cuando se declara la nulidad de una obra o ésta termina anticipadamente.

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“La demanda es muy importante para el sector de infraestructura (...) lo que tiene que decir la Corte es,  cuando se declara la nulidad de una concesión, en qué medida se debe compensar o no al concesionario”, puntualizó el magistrado Linares.

El parágrafo que demandó Maya dice textualmente: “cuando una autoridad judicial declare la nulidad absoluta del contrato estatal, (...) se deberá reconocer el valor actualizado de los costos, las inversiones y los gastos, ejecutados por el contratista, incluyendo los intereses”.

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Maya aseguró que la ley abre la puerta a que el Estado tenga que indemnizar o devolverle dinero a aquellas empresas privadas que por alguna razón pierdan su inversión, como lo sucedido con la Ruta del Sol de Odebrecht.

En su momento, Maya dijo que la ley cuestionada, podría abrir la puerta a que el Estado termine pagando a Odebrecht el soborno que cobró en el país por esa concesión.

Sin embargo, el Gobierno ha dicho que la ley se firmó con el objetivo de darle tranquilidad a los bancos nacionales e internacionales de invertir en proyectos de infraestructura sin que ello les represente pérdida de recursos frente a cualquier eventualidad como el cierre o terminación anticipada del contrato.

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