Corte Constitucional le hace llamado de atención a la Fiscalía por temas de la JEP

La Corte Constitucional le hizo fuertes llamados de atención a la Fiscalía General por posibles intromisiones en el trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El alto tribunal le quitó a la Fiscalía la facultad de proponer conflictos de competencias con la Jurisdicción Especial, ya que el ente no tiene facultades de juez sino de investigador.

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“Solo tiene competencia relativa a continuación de los actos de investigación e indagación de los hechos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos”,  precisó la Corte al advertir que es la JEP la que debe tomar decisiones de fondo como juez.

En ese sentido, la Corte advirtió que las competencias de la Fiscalía solamente se extienden a las capturas y procesos de extinción de dominio.

“La Fiscalía solo podría decir que es competente: en casos como tramites como la captura con ocasión del procedimiento originado en el requerimiento de retención con fines de extradición o el de extinción de dominio de los bienes relacionados con las FARC-EP”, dijo la Corte.

Ese llamado de atención se emitió en el fallo que dejó en manos de la JEP la competencia para conocer el proceso contra el excongresista Álvaro Ashton por el 'cartel de la toga'.

En ese caso la Corte señaló que “la Fiscalía carece de facultades jurisdiccionales, pues respecto del presunto delito de cohecho cometido por el señor Álvaro Ashton Giraldo, solo funge en el proceso penal como ente investigador del sistema penal acusatorio”.

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Ashton fue aceptado en la JEP en julio del año pasado después que que elevara una solicitud para acogerse a la jurisdicción. 

“La Sala Plena de la Corte Constitucional encuentra que el señor Álvaro Ashton Giraldo,  es un tercero con interés en el trámite judicial y quien desde el 2019 se encuentra sometido a la Jurisdicción Especial para la Paz, entre otras razones, por el conocimiento del mismo delito”, sostuvo la Corte.

Ashton es investigado porque presuntamente, entre los años 2013 y 2014, habría entregado 600 millones de pesos al exmagistrado Francisco Javier Ricaurte Gómez, con el fin de lograr el archivo de algunas investigaciones en su contra, particularmente, la adelantada por el delito de concierto para delinquir, en el que se indagaba por su supuesta relación con el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, que delinquió en el departamento del Atlántico.