Corte Constitucional podría pronunciarse sobre la situación económica de parteros en Colombia

La Corte Constitucional podría pronunciarse sobre la situación económica de los parteros y parteras del país, quienes aún existen en comunidades étnicas y afrodescendientes de los departamentos de Chocó, Valle, Cauca y Nariño.

La Defensoría del Pueblo envió una petición a ese tribunal para que acepte una tutela presentada por diferentes asociaciones de parteros y parteras, quienes buscan el auxilio económico que el Gobierno creó en medio de la pandemia por el coronavirus para los profesionales de la salud.

Lo que dice la Defensoría es que su labor es ancestral y que merecen ese reconocimiento económico porque asisten a mujeres afrodescendientes en las zonas más apartadas del país. Esa entidad señaló que además no existe una norma que reglamente su sistema de seguridad social como afrodescendientes.

La Defensoría también precisó que quienes se dedican a ese oficio no cuentan con honorarios o contraprestación económica por su labor y que durante la pandemia se han expuesto a la covid-19 al ser el personal que atiende a las comunidades más apartadas.

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“Además de las situaciones geográficas, familiares y sociales que enfrentan las personas que brindan este servicio, también están las serias dificultades en cuanto al reconocimiento de su labor sin contar con las de carácter económico, además de lidiar con la deficiente prestación del servicio de salud para atender sus propias necesidades”, se lee en uno de los apartes del documento que entregó la Defensoría a la Corte Constitucional.

La tutela dice que tras la llegada del coronavirus al país, “muchas de las parteras de las asociaciones quedaron sin recursos atendiendo a su vulnerabilidad socioeconómica que afectó su sostenimiento, teniendo en cuenta que la práctica de la partería en su mayoría no es una actividad lucrativa y los ingresos surgían de actividades realizadas en la presencialidad en las asociaciones”.

La acción también señala que ese grupo de personas son afrodescendientes de entre 50 a 80 años de edad y que algunas de sus labores son “acompañar el embarazo, los procesos de parto y las enfermedades de las comunidades, a través de saberes ancestrales y el uso de plantas medicinales".

Si la Corte Constitucional acoge la petición, podría pronunciarse sobre un posible un peligro inminente para los derechos de las comunidades afrocolombianas.

La tutela busca la protección de los parteros y parteras de la Asociación de Parteras Unidas del Pacífico (Asoparupa), Asociación de la Red Interétnica de Parteras y Parteros del Chocó (Asorediparchoco).