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El alto tribunal recordó las obligaciones de la Unidad Nacional de Protección para responder solicitudes.

Líderes sociales
Piden al Gobierno concertar un esquema de seguridad con enfoque diferencial para sus pueblos.
Foto: Colprensa

La Corte Constitucional ha ordenado en varias oportunidades la protección a líderes sociales y defensores de derechos humanos en varias regiones del país. 

En una más reciente decisión, el alto tribunal recordó que la Unidad Nacional de Proteccion (UNP) encargada de brindar el servicio, no debe exceder 30 días para dar respuesta a las solicitudes. 

La Corte advirtió que en situaciones de riesgo en las cuales líderes sociales piden protección, la respuesta estatal debe ser eficaz. 

El alto tribunal hizo fuertes críticas al Estado y a la UNP por las demoras para responder a las solicitudes de protección. 

Sin embargo la Corte advierte que la respuesta del Estado para prevenir los ataques en contra de defensores de derechos humanos “debe ir más allá de la protección brindada por la UNP”. 

El pronunciamiento del alto tribunal se hizo después de estudiar una tutela que presentó un hombre -cuyo nombre se reserva por motivos de seguridad- quien trabaja como director del Programa de Paz Territorial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en un municipio en donde existe una Zona Veredal de Transición. 

El hombre solicitó una evaluación de riesgo con el fin de que la Unidad Nacional de Protección UNP, tomara medidas de protección a su favor, sin embargo recibió la respuesta cuatro meses después. 

Para la Corte se trató de “un incumplimiento por parte del Estado en su deber de garantizar su protección y la de su familia, y trasgrede lo establecido en los Acuerdos de Paz”. 

Según lo establecido en el documento final de paz, el Gobierno Nacional se comprometió a tomar las medidas necesarias para intensificar la seguridad y protección de los lideres y defensores de derechos humanos. 

“Implementar las medidas necesarias para intensificar efectivamente las acciones contra organizaciones y conductas criminales que amenacen o atenten contra personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz”, puntualizan los Acuerdos firmados en La Habana, Cuba. 

Fuente

RCN Radio

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