Cargando contenido

Ahora en vivo

Ahora en vivo

Seleccione la señal de su ciudad

La magistrada Gloria Ortiz, presidenta de la Corte Constitucional
La magistrada Gloria Ortiz, presidenta de la Corte Constitucional
Foto de Colprensa

Los magistrados de la Corte Constitucional declararon inexequible un aparte contenido en el último enciso del artículo 116 de la ley 1955 de 2019, por el cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, que permitía al Estado tomar recursos de las Asociaciones Público Privadas (APP) al considerar que esto vulneraba el derecho a la propiedad privada.

Para la Corte es necesario tumbar la expresión de este articulado que señala: “y sus excedentes si los hubiere serán consignados a orden del tesoro nacional”.

Así mismo, dejó en claro que el margen de configuración legislativa en materia de propiedad privada no es absoluto.

Le puede interesar: Este el trimestre de mayor crecimiento en lo que va corrido del Siglo 21 en el país: Duque

El alto tribunal señaló que la constitución del patrimonio autónomo que surge de un contrato de fiducia mercantil, corresponde totalmente a los recursos privados. 

Así mismo, planteó que el diseño normativo no pretende convertir recursos privados en públicos y, menos aún, hacerlos parte del patrimonio estatal.

Los magistrados indicaron que “Por tratarse de una restricción a un contrato mercantil que impone una situación que afecta los recursos aportados por el originador privado a favor de los del tesoro nacional, existen indicios importantes de afectación del derecho a la propiedad y de enriquecimiento sin causa de Estado”.

La Corte Constitucional enfatizó que la frase objeto de revisión el Estado, afecta al particular sin que “este haya tenido culpa y solo ejerce su derecho de participar de un proceso precontractual”.

Le puede interesar: “Asesinato de Luis Carlos Galán no se podía evitar”, asegura Gloría Pachón

En su decisión agrega el alto tribunal que “la norma constituye un enriquecimiento sin causa que contraría la idea general de justicia consagrada en la Carta Política y, por lo tanto, es desproporcionada e inconstitucional y habrá de ser declarada inexequible”.

Fuente

Sistema Integrado de Información

Encuentre más contenidos

Fin del contenido.