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El alto tribunal especificó tres escenarios en los que no podrán ser negados.

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Luego de negar la tutela de una mujer que buscaba que su EPS costeará todo el tratamiento de fecundación in vitro, la Corte Constitucional estableció las reglas para que estas entidades sepan cuándo están obligadas a aprobarlos. 

De acuerdo con la Corte, son tres los escenarios en los que no podrán ser rechazados estos tratamientos, en los cuales se tendrá en cuenta la vida y la salud de la mujer y lo avanzado que esté el procedimiento.

Cuando se pretende garantizar la continuidad en la prestación del servicio de salud
 
La Corte estableció que las Eps no pueden suspender tratamientos dirigidos a tratar la infertilidad que se encuentren en una etapa ya avanzada.
 
Es decir que si ya fueron autorizados y la mujer inició el mismo, no se podrá suspender el pago por parte de la Entidad Promotora de Salud que lo esté ejecutando.

Cuando se busca garantizar la vida y la salud de la mujer

Para la Corte, las Eps deben propender por la protección a la integridad personal, incluyendo la salud sexual y reproductiva, en los casos en los que se requiera. 

En ese sentido, las entidades de salud del Estado deben costear la práctica de exámenes o procedimientos diagnósticos necesarios, para precisar una condición de salud asociada a la infertilidad; además de garantizar el suministro de medicamentos. 

Cuando la patología de la infertilidad es una enfermedad secundaria

Según el Alto Tribunal, una enfermedad secundaria es un síntoma o una consecuencia de otra enfermedad, por lo cual las EPS deben costear y autorizar los procedimientos, tratamientos o medicamentos para tratar la enfermedad que afecta el aparato reproductor de la mujer. 

La Corte señaló que si el caso no presenta alguno de los anteriores requisitos, el Estado no está obligado a costear tratamientos de embarazo, “el derecho a la maternidad no genera, prima facie, una obligación estatal en materia de fertilidad asistida”. 
 
ACEMI destacó decisión de la Corte
 
Como justo y racional con la verdadera actualidad del sistema de salud, calificó el gremio de las EPS en el país, el fallo de la Corte Constitucional que señaló que las entidades no están obligadas a realizar los tratamientos y procedimientos de fertilización asistida. 

El director de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), Jaime Arias, afirmó que esta decisión es muy importante, porque el Estado tampoco deberá adelantar estos requerimientos de los usuarios, si no logran demostrar que está en riesgo su salud. 

“Este fallo nos deja tranquilos, aunque nos hubiéramos querido que el país tuviera los recursos para hacerlos, pero como nos los tiene, este es un fallo respetuoso y muy responsable”, afirmó. 

Según Acemi, en Colombia se tendría un promedio de 20 mil parejas que podrían acudir a la fertilidad asistida, lo que representaría un gran gasto teniendo en cuenta que cada procedimiento tendría un valor superior a los 15 millones de pesos. 

Fuente

Sistema Integrado de Información

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