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Es requerida por un millonario desfalco de 15.986 millones de bolívares en 2017.

Nicolas Maduro
AFP

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia negó la acción de tutela con la que se buscaba suspender el proceso de extradición de la ciudadana venezolana Suyin Rosaly Navarrete Balza quien es requerida por delitos relacionados con el lavado de activos, concierto para delinquir y fraude electrónico.

El alto tribunal determinó que no se demostró la vulneración de los derechos fundamentales de Navarrete Balza quien fue capturada el 29 de agosto de 2018 en la ciudad de Cúcuta por las autoridades colombianas tras hacer efectiva la orden de captura internacional emitida por Interpol.

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En el debate jurídico se manifiesta existen otros medios jurídicos para solicitar su libertad y pedir la protección de sus derechos fundamentales. La defensa de la venezolana asegura que existe una persecución política en su contra por haber hecho parte de un partido que se opuso al Gobierno de Nicolás Maduro.

Debido a esto considera que se avalarse su extradición existe un alto riesgo que sea sometida a tratos inhumanos, torturas y la violación de sus derechos fundamentales en Venezuela, esto teniendo en cuenta los cosas que se han presentado en contra de otros opositores políticos.

En este punto argumenta la existencia de un montaje por ser una colaboradora reconocida de la causa opositora (Partido Copei), “al punto que individuos pertenecientes a grupos llamados colectivos, apoyados por el Gobierno de Venezuela, la amedrantaron y su madre, hermano, sobrino y cuada, fueron secuestrados en carreteras al oriente del país, por lo cual se interpuso denuncia sin obtener ningún resultado”.

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Por estos hechos ya solicitó ante la Cancillería que se le otorgue un asilo o la condición de refugiada de acuerdo con los convenios firmados por Colombia. La Corte Suprema de Justicia le pidió a las autoridades verificar el trámite de esta petición y documentar si existe un requerimiento judicial en contra de la venezolana.

“Resulta una carga excesiva someter a la señora Navarrete al procedimiento descrito en la Ley 906 de 2004, que desarrolla la Corte Suprema de Justicia, alejada de sus dos hijos y privada de la libertad, máxime cuando el presidente de la República expresó que no va a mantener relaciones diplomáticas con Venezuela, lo cual implica ‘la invalidez’ de los tratados y convenios como el de la extradición”, precisa la petición.

Según el pedido de extradición, la empresa Bernal Zeis Construcciones incurrió en un desfalco a la Gobernación de Aragua por más de 15.986 millones de bolívar en noviembre de 2017. Suyin Rosaly Navarrete Balza fungía como una de las principales accionistas.

Fuente

RCN Radio

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