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El alto tribunal le ordenó a juez de Tunja revisar y legalizar las pruebas recaudadas por la Fiscalía en un allanamiento en Antioquia.

GUSTAVO PETRO EN LA CORTE
El senador Gustavo Petro rindió versión libre en la Corte Suprema de Justicia por el 'Petrovideo'.
Colprensa

La Corte Suprema de Justicia le llamó la atención al juez tercero penal de control de garantías de Tunja, Carlos Bohórquez por negarse a evaluar unas pruebas que ayudarían a identificar al autor de las amenazas en contra del entonces candidato presidencial Gustavo Petro Urrego en la red social Twitter.

Según la Fiscalía General, se necesitaba legalizar antes del 19 de noviembre del año pasado la información obtenida de una tablet, un disco duro y dos computadores miniportatiles. 

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Dichos dispositivos fueron obtenidos mediante una orden de allanamiento en el municipio de Bello (Antioquia) en la vivienda de  Roberto Carlos Díaz Bedoya, presunto autor del mensaje intimidatorio contra el candidato de la 'Colombia Humana'. 

"Yo quiero hacer la paz twitera con los seguidores del guerrillero Petro, les propongo que en los próximos días que gane nuestro Iván Duque, los invito a que realicemos un partido en el estadio el campin, pero como no va a ver balón, vamos a utilizar la cabeza del señor Gustavo Petro (sic)”, decía el trino amenazante.

Según el documento de la Corte, el juez de Tunja se negó a evaluar la información, argumentando que el caso no era de su competencia, sin tener en cuenta que el fiscal había advertido que en ese momento se encontraba en esa ciudad y dada la urgencia, para evitar un vencimiento de términos, había presentado la solicitud a su despacho. 

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La Corte explicó que en ese tipo de casos, cuando existe una urgencia por vencimiento de términos, cualquier juez con función de garantías debe revisar la información recolectada en una investigación judicial. 

“Vencimiento del término para solicitar la legalidad de la recuperación de la información (…) resultaba suficiente para que la audiencia en mención, se pudiera realizar ante los jueces penales municipales con función de control de garantías de Tunja (…) se configura una de las excepciones al factor territorial”, señaló el alto tribunal. 

Por lo mismo se ordenó al juez Carlos Bohórquez adelantar la audiencia y darle legalidad a las pruebas que recolecto en su momento la Fiscalía. 

 

Fuente

Sistema Integrado de Información

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