Corte estudiará fallo que condenó a Luis Alfredo Ramos por parapolítica

La Corte Suprema de Justicia admitió para estudio de fondo la tutela que presentó el exgobernador Luis Alfredo Ramos contra la sentencia que lo condenó por vínculos con los paramilitares.

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Con ese recurso el exgobernador buscar dejar sin efectos el fallo que ordena que pague la condena en una cárcel, pero que según él tuvo varias irregularidades durante el proceso relacionadas con las pruebas que se tuvieron en cuenta.

“Seguiré defendiendo mi inocencia, mi libertad y mi honra hasta el último día de mi vida, esperando que ningún colombiano tenga que padecer la persecución a la que me he visto sometido”, dijo Ramos en una comunicación hace unos días en la que anunció la tutela.

Ramos fue condenado por la Sala de Juzgamiento de la Corte y ese fallo se confirmó en abril del 2022 por haber recibido de grupos paramilitares aportes económicos y apoyo para sus diversas campañas del año 2001 a 2007 “a cambio de intermediar para quitarles la presión de la fuerza pública”.

También se nombran “aportes de dinero que hizo Juan Carlos Sierra alias ‘El Tuso’ para la campaña al senado de la Republica para el año 2000 y una reunión en la Finca Bellanita del Municipio de Bello, con diversos jefes paramilitares entre ellos ‘Ernesto Báez’, ‘Julián Bolívar’, ‘Alberto Guerrero’, en el 2005, cuando era senador.

“El encuentro tuvo como objeto que ‘Ernesto Báez’ transmitiera el mensaje remitido por el líder de las autodefensas Vicente Castaño a quinees consideraban sus amigos, el acusado (Ramos) y Oscar Suarez Mira (condenado por parapolítica), para que colaboraran con sus gestiones en el Congreso a fin de que la ley de justicia y paz se expidiera de conformidad con sus intereses”, se lee en los hechos del fallo. 

La Corte también comprobó que entre 2000 y 2001 Ramos recibió dinero de Miguel Arroyave, cuando se desempeñaba como comandante del Bloque Centauros de las Autodefensas.

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La condena contra Ramos abarca una multa de 7.749 salarios mínimos legales vigentes y una inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo tiempo de condena.