Corte niega indemnización a víctimas del 'Cuco' Vanoy, por falta de pruebas

La Corte Suprema de Justicia negó las indemnizaciones que reclamaban algunos habitantes del corregimiento de Santa Rita (localidad de Ituango, Norte de Antioquia), quienes fueron víctimas del confeso paramilitar Ramiro de Jesús Vanoy Murillo, alias Cuco.

Según la Corte, la Fiscalía no logró demostrar que el daño sicológico que sufrieron los habitantes del corregimiento por desplazamiento forzado y otros delitos, mereciera una indemnización.

“No se demostró el daño con la declaración de la sicóloga Natalia Bustamante (…) que presentó un informe pericial sobre el patrón de desaparición forzada en el que refirió los daños sicológicos (…) pero no particularizó ningún núcleo familiar”, dice uno de los apartes del fallo.

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Además, la Corte cuestionó la labor de la Fiscalía que no ahondó en sus investigaciones para determinar que las víctimas fueran indemnizadas por el Bloque Mineros de las Autodefensas liderado por ‘Cuco’ Vanoy.

La Corte señaló que aunque la descripción en las desapariciones de las víctimas se asemeja al actuar desplegado por el Bloque Mineros, en el Bajo Cauca Antioqueño, la Fiscalía no realizó el trabajo de sustentación necesaria para que se obtuviera la certeza sobre la responsabilidad de Vanoy Murillo.

Por tal razón, la Corte ordenó a la Fiscalía volver a investigar los hechos, ahondar en lo sucedido y demostrar con pruebas suficientes la responsabilidad del Bloque Mineros y sus máximos responsables en el desplazamiento forzado del que fueron víctimas los habitantes del corregimiento de Santa Rita.

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“La Fiscalía no suministró mayor explicación sobre las razones por las que es posible considerar que los hechos fueron cometidos por el bloque mineros, ni suministró medios de prueba que así lo evidenciara”, dice otro de los apartes del fallo.

En la decisión, la Corte dejó en firme la sentencia de 40 años de prisión que el Tribunal Superior de Medellín impuso a 'Cuco' Vanoy por homicidio en persona protegida, desaparición forzada de población civil, acceso carnal violento, prostitución forzada y esclavitud sexual, reclutamiento ilícito, tortura en persona protegida secuestro simple y agravado y detención ilegal.