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El alto tribunal dio un ultimátum para resolver el traslado del suspendido togado a una guarnición militar.

MAGISTRADO MALO FERNÁNDEZ
El suspendido magistrado de la Corte Suprema, Gustavo Malo es procesado por el "cartel de la toga".
Colprensa

La Corte Suprema de Justicia calificó como “inadmisible” la respuesta entregada por el Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) cuando se le preguntó por el no traslado del suspendido magistrado Gustavo Malo Fernández a una guarnición militar.

El Instituto señaló que Malo no hace parte de las Fuerzas Militares, situación por la cual no puede ser trasladado a una guarnición militar como lo pedía su defensa.

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El alto tribunal resolvió una tutela presentada por la defensa de Malo Fernández para que se le brindara seguridad y protección trasladándolo a un lugar especial puesto que en una cárcel de máxima seguridad puede encontrarse frente a frente con personas a las que condenó cuando fungió como magistrado de la Sala de Casación Penal.

En este punto el alto tribunal recordó que muchos exfuncionarios –principalmente excongresistas- e incluso particulares han sido trasladados a estas guarniciones para proteger su vida e integridad personal.

Cita entre ellos al exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, quien ha estado en dos periodos diferentes, privado de su libertad en la Escuela de Caballería de Bogotá en el Cantón Norte de Bogotá.

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En este sentido se señala además que varios excongresistas y exgobernadores han gozado de este beneficio, por lo que no es justificable la argumentación del Inpec y los directores de las cárceles ante la negativa de cumplir con un fallo emitido por la Corte para trasladar a Malo.

Debido a esto, la Sala Civil –que resolvió la tutela- dio un plazo de 24 horas para que sin dilación alguna se tome una decisión de fondo frente al traslado del magistrado a una guarnición militar en cumplimiento de la medida de aseguramiento que se emitió hace dos meses.  

El magistrado Malo enfrenta un proceso penal por presuntamente recibir millonarios sobornos para entorpecer procesos penales contra aforados constitucionales como congresistas y gobernadores.

En uno de los apartes de la acusación se señala que recibió dos mil millones de pesos para suspender a última hora una orden de captura contra el entonces senador Musa Besaile Fayad por “parapolítica” y unos $1.200 millones para desviar el caso del congresista liberal Álvaro Ashton por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares.

Fuente

RCN Radio

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