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El alto tribunal tuteló los derechos de los pobladores de los municipios cercanos a la mina.

EXPLOTACIÓN DE NIQUEL
Colprensa

Tres años duró la Corte Constitucional estudiando las demandas presentadas en contra de la multinacional Cerro Matoso por las afectaciones al medio ambiente y a la salud pública de las personas que quienes viven cerca a la mina de níquel en el departamento de Córdoba. 

El alto tribunal le ordenó a la empresa reparar a todas las víctimas de ocho comunidades que han sufrido enfermedades de diverso tipo debido a la explotación de la mina localizada en los municipios de Puerto Libertador y Montelíbano. 

Los integrantes de las comunidades Bocas de Uré, Centro America, Guacarí-La Odisea, Pueblo Flecha, Puente Uré, del municipio de San José de Uré; Puerto Colombia del municipio de Montelíbano; Torno Rojo del municipio de Puerto Libertador, así como del Consejo Comunitario de Comunidades Negras de San José de Uré recibirán una indemnización por los daños causados. 

“La exposición a grandes niveles de níquel ocasiona graves perjuicios para la salud,  Los cuales van desde afectaciones cutáneas respiratorias hasta la producción de cáncer en pulmón y abortos espontáneos”, señala uno de los apartes del fallo. 

La Corte comprobó que los pobladores fueron afectados por enfermedades asociadas a las operaciones de la mina. Los exámenes arrojaron niveles elevados de níquel en la sangre y en la orina y a raíz de eso enfermedades como cáncer de pulmón, neumoconiosis reumatoide, nódulos calcificados en el pulmón, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, dermatitis, bandas parenquimatosas, síndrome de Caplan, sarcoma pulmonar, fibrosis, entre muchas otras. 

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