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La Corte Constitucional le ordenó a la Procuraduría investigar a la Unidad Nacional de Víctimas por presuntas irregulares en la entrega de información, al fallar una tutela en favor de la comunidad Embera Katio, ubicada en Puerto Boyacá, para permitirles constituirse en resguardo indígena.

La tutela fue interpuesta por Dilio Dovilgama (líder 'Jaibaná'), que argumentó vulneración de sus derechos por parte del Ministerio de Agricultura y la Unidad de Víctimas por “postergar de manera indefinida el proceso de constitución de resguardo indígena” a su comunidad.

Desde el 2015, la comunidad busca ser constituida como resguardo para proteger sus derechos, pues a la fecha no disponen de un predio donde habitar.

Según la sentencia, desde el 2002 -cuando fueron víctimas de desplazamiento por el conflicto armado- han tenido que pasar con cuatro predios sin constituir un arraigo.

El caso lo analizó la Corte Constitucional que concluyó que no hay duda de que son resguardo indígena. Así lo constatan entidades del Estado como el Incoder -en liquidación - y la Dirección de Asuntos Indígenas y Minorías del Ministerio del Interior.

“Para la sala no existe discusión sobre la calidad de comunidad indígena de los Embera Katio debido a que son reconocidas como tal por varias entidades del Estado”, señala uno de los apartes del fallo.

Por lo cual ordenó a la Agencia Nacional de Tierras adelantar medidas necesarias “para finalizar el proceso de constitución como resguardo promovido a favor de la comunidad”; dicho proceso deberá ser vigilado por la Defensoría del Pueblo.

Por su parte, la Procuraduría deberá vigilar el proceso hasta que la comunidad se constituya como resguardo indígena.

Así mismo, que se “investigue la presunta comisión de una falta disciplinaria por parte de los funcionarios de la Unidad de Víctimas que no atendieron en dos oportunidades los requerimientos de la Corte”.

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