Corte pide cuentas al Gobierno por participación de comunidades ante eventual regreso del glifosato

La Corte Constitucional pidió cuentas al Gobierno sobre la participación efectiva de las comunidades, ante la eventual reanudación de aspersión de cultivos ilícitos con glifosato.

La Corte solicitó responder una serie de presuntas encaminadas a verificar la participación de las comunidades que eventualmente se verían afectadas con el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato (Pecig).

Esas preguntas se hicieron en el marco del estudio de tres tutelas contra la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla), por las audiencias públicas del año pasado para discutir el programa de erradicación.

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La Anla, la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional y el Ministerio del Interior, deberán responder ¿Cómo garantizó el derecho a la participación?; ¿Cuántas reuniones informativas se llevaron a cabo y bajo qué condiciones? especificando los municipios, los lugares de la reunión, el aforo, y los medios de convocatoria.

Además, deberán aclararle a la Corte, ¿Cuántas personas participaron en esas audiencias y, específicamente, ¿Cuántas son habitantes del área de influencia del PECIG? y ¿Cómo se llevó a cabo la participación de estas personas?

También deberá responder si existió participación de miembros de comunidades étnicas en estas reuniones informativas? ¿Cuántas personas se inscribieron a la audiencia del 19 de diciembre de 2020? ¿Cuántas personas inscritas efectivamente participaron en la audiencia y a través de qué canales de comunicación? Y si ¿existieron problemas de conectividad durante sus intervenciones?

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Por su parte, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Ambiente y el Consejo Nacional de Estupefacientes, deberán centrar sus respuestas en ¿Cómo se garantizó o no el derecho a la participación? de las comunidades en esas audiencias.

Así mismo, la Corte solicitó a las comunidades que eventualmente se verán afectadas por el uso del glifosato y quienes interpusieron la tutela a informar cómo ha sido ese proceso de consulta.

La Corte determinará en este punto si las consultas a las comunidades para la eventual reanudación del glifosato deben ser presenciales o podrían realizarse de forma virtual, hay que tener en cuenta que las comunidades han dicho que muchos no tienen los instrumentos tecnológicos para acceder de esa forma.