Corte pide investigar presunto fraude para promover “ascensos" de policías bachilleres

La Corte Constitucional compulsó copias ante la Fiscalía General y la Secretaría de Educación de Bogotá para que se investigue las presuntas irregularidades que se habrían presentado durante la entrega de grados de bachiller a dos policías que reclamaban un “ascenso” dentro de la Institución.  

Este pronunciamiento se hizo al estudiar una acción de tutela presentada por dos policías que le reclamaban a la Institución haberlos incorporado para prestar el servicio militar obligatorio como auxiliares de policía regularles “y no cambiarlos al grado de auxiliares de policía bachilleres” considerando que esta modalidad era la que les correspondía por “su nivel de formación académica”.

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Tras evaluar la acción judicial, en la cual se reclamaban los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso, el alto tribunal determinó que existían muchas dudas sobre los grados de bachiller que acreditaron los tutelantes para exigir que se les cambiara el grado en la policía.

En el estudio del caso la Policía Nacional manifestó que no se podía efectuar el ascenso puesto que los uniformados habían sido de alta como auxiliares de policía del curso 051 de la Escuela Nacional de Carabineros Alfonso López Pumarejo mediante Resolución 091 del 1 de junio de 2017 y se graduaron como bachilleres académicos el 26 de agosto de 2017, “por lo que entre su incorporación y la fecha de su graduación”.

Tras evaluar los documentos enviados por los policías bachilleres se encontraron “vacíos” en los grados del Instituto André Michelin en la ciudad de Bogotá. Debido a esto la Corte le pidió al centro educativo que enviara la información sobre el periodo de estudio de los dos reclamantes, la fecha de grado, actas de matrícula, certificado de notas, horarios y las actas.

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Sin embargo, esta información nunca fue entregada por el Instituto que solamente atinó a certificar que los recurrentes habían cumplido con los cursos de fin de semana para el grado once, situación que generó gran extrañeza en el alto tribunal que determinó la necesidad de que se investigue.

“La Sala encuentra que ni los accionante ni el Instituto André Michelin aclararon las particularidades de los casos y la manera en que fueron otorgados los títulos académicos que son el sustento de la acción constitucional y de la pretensión de modificación de la modalidad en la que fueron incorporados los peticionarios para prestar servicio militar”, precisa el fallo.

Los tutelantes manifestaban que al ser auxiliares de policía regularles habían sido trasladados a diferentes partes del país para prestar servicio en regiones con graves alteraciones de orden público y obligados a manipular armas de corto y largo alcance para lo cual habían recibido pocas instrucciones.