Corte se alista a definir si el Estado debe costear tratamientos de fertilidad
El Alto Tribunal estudia las objeciones del Gobierno a la ley Sara a favor de quienes no pueden tener hijos
La Corte Constitucional revivirá el debate sobre la posibilidad de que el Estado financie los tratamientos de fertilidad para parejas que no pueden tener hijos.
La Sala Plena del Alto Tribunal estudia las objeciones del Gobierno frente a la ley Sara, que fue sancionada en el Congreso garantizando el acceso a tratamiento de fertilidad con cargo a los recursos públicos.
Hasta el momento existen dos bandos: por un lado la posición del Gobierno que va en contra de esa posibilidad al considerar que si se abre esa puerta, los gastos serían de hasta unos 13 billones de pesos anuales al erario público.
Por otro lado están quienes defienden a las parejas que no pueden concebir, sobre todo a aquellas que no tienen con qué costear estos tratamientos.
Al respecto la Procuraduría ya envió un concepto al Alto Tribunal en el que pide negar las objeciones del Gobierno al considerarlas infundadas por qué “no se vulnera la estabilidad financiera, ni se incumple el requisito de contar con el concepto del impacto fiscal”.
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