Corte Suprema abrió indagación contra Gustavo Petro
El exalcalde será investigado por la reducción de la tarifa del Sitp cuando era alcalde de Bogotá.
La Corte Suprema de Justicia abrió investigación preliminar al exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego por ordenar la reducción de la tarifa del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp) durante su administración (2012-2015).
La investigación la abrió la Sala de Instrucción de Primera Instancia de la Corte por delitos relacionados contra la administración pública.
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El alto tribunal ordenará la práctica de pruebas para determinar si se abre una investigación formal contra el senador de la 'Colombia Humana'. Entra las pruebas se encuentran declaración de varios testigos y recopilación de documentos.
Petro fue denunciado por presuntamente no tener la competencia para aprobar la expedición del decreto que permitió la reducción de las tarifas para las personas de bajos recursos en la capital de la República:
La Corte aclaró que aún no ha decidido citar al otrora excandidato presidencial a rendir versión libre, puesto que primero se recolectarán y practicarán las pruebas necesarias para decidir si se abre investigación formal o se archiva el proceso.
En contexto: Reducción de tarifas de Transmilenio de Petro no afectó a Bogotá: Procuraduría
Por esos mismos hechos, la Procuraduría General archivó una investigación disciplinaria que adelantaba contra varios exfuncionarios de TransMilenio por la decisión de bajar las tarifas del sistema masivo de transporte en Bogotá.
El Ministerio Püblico concluyó que la reducción de tarifas no afectó las finanzas de la capital debido a que “contaba presupuestalmente con los recursos públicos para hacer viable la medida de disminuir la tarifa del servicio público de transporte durante unas horas determinadas del día”.
En octubre pasado el Consejo de Estado mantuvo la investidura de Petro como congresista al considerar que no incurrió en violación al régimen de inhabilidades por haber sido elegido en un cargo de elección popular después de que el Estado había sido condenado patrimonialmente por la la puesta en funcionamiento de un nuevo modelo de recolección de basuras en Bogotá
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