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MAGISTRADO MALO
El magistrado de la Corte Suprema, Gustavo Malo es investigado por el escándalo del 'cartel de la toga'.
Colprensa

La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia decidió aceptar la nueva incapacidad por el término de cuatro días que presentó el magistrado Gustavo Malo Fernández argumentando un dolor en su rodilla.

Fuentes del alto tribunal aseguraron que la Sala decidió citar a una nueva audiencia extraordinaria para el próximo martes 3 de abril a las 10:00 a.m., en la cual se volverá a estudiar su situación.

Es decir, van a evaluar la posibilidad de aplicar el nuevo reglamento interno de la Corte Suprema con o sin su presencia. Esto con el fin de determinar si es suspendido de su cargo mientras se resuelve su situación jurídica en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.  

 

Frente a esta situación, el procurador General, Fernando Carrillo criticó las ‘maniobras’ usadas por parte del magistrado para evitar la sesión en la cual se definirá si lo relevan o no de sus funciones mientras es investigado por el denominado ‘cartel de la toga’.

“Nunca se había mancillado de manera tan clara la dignidad de la justicia. Eso tiene que llevarnos a acciones concretas como la reforma de los reglamentos, y lo que estamos viendo en la Corte es la posibilidad de aplicar normas que permita sancionar a uno de sus propios miembros y por eso es que él (Malo) está evadiendo la aplicación de la justicia”, dijo el jefe del Ministerio Público.

Añadió además que “es como una comedia, en donde aparece una nueva excusa médica para evitar lo que se viene, porque parece que se acaban las excusas de la defensa para estar incólume frente a las acusaciones de las que él ha sido objeto”.

Malo, quien dejó de asistir a la Corporación desde el pasado 27 de septiembre, ha tenido una licencia no remunerada y cinco incapacidades médicas, además la sala le concedió un permiso por asuntos de salud. 

El magistrado es investigado en la Comisión de Acusaciones tras las declaraciones del senador Musa Besaile quien aseguró que pagó 2000 millones de pesos al abogado y exjefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno para frenar una orden de captura en su contra en el proceso por ‘parapolítica’ que estaba en el despacho del magistrado desde el 2014.

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