Corte Suprema advierte impunidad si se cambia régimen inquisitivo de congresistas

La Corte Suprema de Justicia envió un concepto a la Corte Constitucional, en el que le advierte que si se cambia totalmente el modelo de investigación de los congresistas, podría haber impunidad en procesos que aún están en audiencias por el antiguo sistema de Ley 600 del año 2000.

La Sala Especial de primera instancia de la Corte Suprema le dijo a la Corte Constitucional que para el período 2018 a 2021 se han celebrado 240 audiencias de Ley 600 y 638 audiencias de la Ley 906 del 2004.

Para la Sala Especial de primera instancia de la Corte Suprema, llevar los procesos de Ley 600 a la Ley 906 de 2004 implicaría “una serie de problemas estructurales” en la justicia, porque la Corte tendría que entrar a analizar si se tumba o no lo ya actuado o adelantado en las investigación por el antiguo régimen.

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“Entre más avanzado este el proceso más difícil resultara encontrar tales equivalentes en atención a las características estructurales que poseen cada uno de los sistemas (…) Se deben evitar situaciones generadoras de impunidad derivadas del tiempo que tal transición conllevaría porque podría derivar el fenómeno de la prescripción de la acción penal”, dijo la Corte Suprema.

Además, advirtió que el régimen inquisitivo tiene sus bondades, como el hecho de que no se necesita la prueba física del testigo, sino solo el papel.

“Sería a todas luces insuficiente una sola sala para conocer mediante pura oralidad todos los juicios, porque los que normalmente se tramitan bajo el sistema acusatorio (109 procesos) se sumarian a los que se proseguirían contra congresistas (94 procesos)”, señaló.

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Las preocupaciones de la Corte Suprema de dieron en el marco de una demanda que estudia la Corte Constitucional que pide eliminar el modelo inquisitivo de investigaciones a los congresistas o la común ley 600 de 2000 que también se usa para juzgados a aforados como magistrados.

La demanda pide que los congresistas sigan siendo investigados y juzgados por la Corte Suprema de Justicia, pero bajo el modelo de la Ley 906 de 2004 o sistema penal acusatorio ante la Fiscalía, por el cual se investiga y se juzga a cualquier ciudadano colombiano.

La ponencia que presentó el magistrado Jorge Ibáñez va en la línea de acoger los argumentos de la demanda. Sin embargo, el debate está demorado por cuenta los impedimentos que presentaron varios magistrados que tienen denuncias ante la Comisión de Acusaciones.

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La demanda se presentó por los abogados Mauricio Dueñas y Jaime Posada, después de la polémica que se desató por la renuncia del expresidente Álvaro Uribe al Congreso, con el fin de que sus investigaciones por presunta manipulación de testigos pasaran a la Fiscalía, por supuestas faltas de garantías en la Corte Suprema de Justicia.