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El actual mandatario habría incurrido en presunto caso de corrupción para las elecciones de 2012
Cortesía Gobernación

La Sala de Juzgamiento de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia encontró responsable al gobernador del departamento del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, por la compra de votos durante su primera candidatura a ese cargo en el periodo 2012 - 2015 y cuyas elecciones ganó con 172.064 votos.

Ese tribunal condenó al funcionario quien por ahora seguirá en libertad, hasta que se conozca el fallo en su contra.

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Cabe mencionar que la denuncia en su contra señala que Monsalvo Gnecco prometió no desalojar a 800 personas que invadían un predio en la ciudad de Valledupar, a cambio de recibir votos a su favor durante esas elecciones.

En medio del proceso judicial, la Fiscalía y la Procuraduría solicitaron a la Corte Suprema condenar al mandatario.

Ese tribunal señaló que al comprar votos a su favor, el gobernador afectó la autonomía de los electores y los mecanismos de participación democrática que están en la constitución del país.

Desnaturalizó la libertad del voto, no solo de los líderes firmantes del acuerdo sino el de toda una población, afectándose la autonomía personal de los electores, cuya finalidad corruptora derivó en que a través de esa promesa su propósito fue el de obtener su apoyo”, señaló.

La Corte Suprema no ordenó la captura contra el gobernador y le permitió seguir en libertad, hasta que se conozca o se emita la sentencia en la que se establecerán los años de condena que deberá pagar el funcionario, por el delito de corrupción al sufragante.

La decisión fue tomada tras asegurar que Monsalvo Gnecco “asistió voluntariamente a las audiencias de formulación de imputación y acusación, preparatoria, la de instalación del juicio oral y la de alegatos de conclusión en el juicio oral, es decir, no ha rehuido su comparecencia ante el Juez de Control de Garantías”.

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Cabe mencionar que el mandatario también enfrenta un proceso disciplinario en la Procuraduría, por denuncias de presuntas irregularidades en la adquisición de mercados destinados a familias vulnerables, en medio de la pandemia por la propagación de la COVID-19.

Por esa investigación disciplinaria, la Procuraduría solicitó suspender la liquidación de 37 contratos por más de $14 mil millones para la adquisición de 88.700 kits de mercados, abarrotes y tarjetas o bonos, para atender la emergencia sanitaria.

En esa investigación, la Procuraduría comprobó que las fundaciones para el Desarrollo Social de los Colombianos, Visión Caribe, Por un Vivir Mejor y Abiezer del Cesar, “que tuvieron a su cargo la ejecución de cinco contratos para la entrega de 20.900 kits de mercado por más de $2.600 millones de pesos, se encuentran hoy desocupadas o funcionan en casas de familia”.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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