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exgobernador del Chocó, Julio Ibargüen
exgobernador del Chocó, Julio Ibargüen
Colprensa

La Corte Suprema de Justicia, con ponencia del magistrado Ariel Ávila, condenó a 70 meses de prisión al exgobernador de Chocó, Julio Ibargüen Mosquera, por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho propio.

En mayo pasado la Corte lo condenó a ocho años y tres meses de prisión como autor del delito de peculado por apropiación en favor de terceros por una resolución con la que su secretario de Hacienda se apropió de recursos públicos.

La nueva condena es por la intervención ilegal que hizo Ibarguen para que se extendiera un contrato firmado entre la empresa de Licores del departamento y el Consorcio Chocó Pacífico, a cambio de una promesa remuneratoria a su favor.

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La Corte concluyó que hubo un interés ilegal para favorecer a la empresa, pero al mismo tiempo violar la contratación estatal.

“Sabía quienes iban a ser los reales beneficiarios de la prórroga, pues a través de él obtendría el beneficio económico convenido (…) conocía las posibles consecuencias negativas que el contrato tenía para la administración departamental”, se indica en el fallo.

En la misma decisión, la Corte absolvió al exgobernador por otros delitos relacionados con presuntas irregularidades en la suscripción de convenios del Departamento Administrativo y de Seguridad Social de Chocó para favorecer a Olmes Duran Ibarguen, conocido como ‘el zar del narcotráfico del Pacífico’, a cambio de un porcentaje de los negocios jurídicos.

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“No existe prueba diferente a la lista encontrada en un inmueble de su propiedad que acredite la existencia de su interés en los contratos. No hay siquiera un relato del que se pueda deducir que Durán Ibargüen controlaba dichos negocios”, sostiene el fallo.

En la condena de mayo se comprobó que el exmandatario ordenó el giro de $35’000.000 en favor de Roger Pastor Mosquera Lozano, quien se desempeñaba como secretario de Hacienda Departamental, supuestamente con el fin de atender gastos relacionados con un debate electoral que se celebraría el 28 de octubre de ese año, específicamente sobre pago de almuerzos, refrigerios y cena para el personal de la delegación del departamento.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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