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Gobernación de La Guajira.
Cortesía.

Los exgobernadores del departamento de La Guajira, Álvaro Cuello (1998-2000) y Hernando Deluque (2001-2003), fueron condenados a 14 años de prisión por el delito de celebración de contrato sin requisitos legales. 

La Corte Suprema de Justicia tomó la decisión pues los señalados habrían incurrido en irregularidades de contratación de obras en el departamento. 

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Según el tribunal, Cuello incumplió los requisitos esenciales al tramitar y celebrar un contrato de obras que tenían como objetivo construir, ampliar y remodelar espacios públicos de diferentes zonas del departamento. 

La sentencia condenatoria señala que “el exgobernador quiso, de manera deliberada”, adelantar la licitación y celebración del contrato pese a que no se cumplían los requisitos para ello. 

“A pesar de que sabía que los diseños y planes de factibilidad no estaban completos, de que no se había asegurado el lote sobre el cual se construiría la plaza de mercado de Maicao, pues el acuerdo con el alcalde fue completamente informal", señala la sentencia. 

Además, los magistrados de la Sala de Primera Instancia señalaron que el exgobernador Cuello tampoco había llegado a ningún acuerdo con las comunidades de dos municipios para realizar la construcción de estos proyectos. 

"No se había logrado la concertación con las comunidades de Hatonuevo y de San Juan del Cesar acerca de las obras que allí se iban a construir, el mandatario decidió autónomamente tramitar y celebrar el contrato de obra pública", concluye el documento. 

En el caso de Deluque, las irregularidades en las que habría presuntamente incurrido el exgobernador del 2001 al 2003, se habrían cometido durante la etapa de ejecución y liquidación del contrato. 

"Existe prueba dentro del plenario que muestra que las edificaciones de los municipios de Hatonuevo y San Juan del Cesar no fueron finiquitadas y, a pesar de eso, Hernando David Delque Freyle procedió a liquidar y pagar el contrato, con lo cual incurrió en el ilícito enrostrado", señala el fallo condenatorio. 

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Los exgobernadores apelaron la decisión y se les concedió el beneficio de prisión domiciliaria, además de que fueron absueltos por el delito de peculado por apropiación. 

Fuente

Sistema Integrado de Información

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