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Gobernación, Carlos Caicedo, líder social, Santa Marta,Magdalena
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Ante la Corte Suprema de Justicia continúan las audiencias preparatorias al juicio contra el gobernador del departamento de Magdalena, Carlos Caicedo, por presuntos hechos de corrupción en la demolición y remodelación de varios puestos de salud de la ciudad de Santa Marta.

La investigación se remonta a hechos ocurridos en el año 2014 cuando Caicedo se desempeñó como alcalde de Santa Marta habría, tras la firma de un contrato por más de 6.000 millones de pesos que permitía la remodelación de los centros de salud de Bastidas, La Candelaria, Taganga, La Paz y Mamatoco.

De acuerdo con la Fiscalía, la demolición y remodelación de los puestos de salud habría ocasionado un traumatismo en la prestación del servicio a las comunidades menos favorecidas y más vulnerables de la ciudad.

Esa entidad señaló que la alcaldía, en cabeza de Caicedo, supuestamente no tenía un concepto técnico favorable del Ministerio de Salud y Protección Social para proceder a derribar las infraestructuras de salud.

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La Fiscalía ha manifestado que tiene al menos 96 pruebas contra el gobernador, que se dividen en 80 documentos y 16 testimonios, que permitirían demostrar que incurrió en los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y contrato sin requisitos de ley.

El proceso está en manos del magistrado Jorge Caldas, ponente de la investigación y quien hace parte de la Sala de Primera instancia de la Corte Suprema de Justicia.

En medio de la audiencia pasada de acusación, el gobernador Carlos Caicedo no aceptó los cargos y se declaró inocente.

En ese proceso, la Corte Suprema de Justicia reconoció como victimas a la Alcaldía de Santa Marta, a la ESE Alejandro Próspero y a la Contraloría Distrital.

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El pasado mes de agosto, Carlos Caicedo salió del país por información de un supuesto atentado en su contra por miembros de las autodefensas y el ‘Clan del Golfo'.

El funcionario viajó a Washington (EE.UU.) para solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares con las que se pueda garantizar su integridad. 

Fuente

Sistema Integrado de Información

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