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Fiscal Gabriel Jaimes
Fiscal Gabriel Jaimes
Fiscalía General de la Nación

La Corte Suprema de Justicia compulsó copias a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para que investigue a Gabriel Ramón Jaimes Durán, el fiscal 6to delegado ante la Corte. 

En el documento de 13 páginas, la magistrada Cristina Lombana de la Sala Especial de Instrucción, explica que el fiscal Jaimes actuó de manera poco usual al decidir archivar una investigación que se adelantaba contra el embajador Armando Benedetti por presunto enriquecimiento ilícito de servidor público y lavado de activos agravado. 

En el oficio explican que el origen de las posibles inconsistencias se dio luego de que en junio del 2022, la Corte negara una nulidad de investigación al ordenar el estudio patrimonial del investigado desde el 2004 hasta el 2018. 

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“La competencia radica en la Fiscalía General de la Nación, lo procedente era continuar la actuación por el sistema erigido por la Ley 906 de 2004, porque a pesar que el periodo estudiado en el análisis patrimoniales inició desde el año 2002, los incrementos sin justificar se encontraron para los años 2004, 2005, 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017 у 2018”, explica el documento. 

La corte explica que con estas pruebas se lograría establecer la posible comisión de los delitos por los que estaba en etapa de indagación previa, por lo que era fundamental que, a pesar de que, por competencia el caso pasara a la Fiscalía, se siguiera con el procedimiento ordenado en el alto tribunal. 

Pese a esto, la ponente relata que el fiscal decretó la nulidad de la práctica de esa prueba,  pues aseguró que con este procedimiento, se estaría violando el derecho al debido proceso. 

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“Pero a pesar de admitir la falta de concreción de la petición de la defensa, DECRETÓ OFICIOSAMENTE LA NULIDAD DE LA PRUEBA DE CARGO, citando en primer término el artículo 29 de la Constitución Política que consagra que ‘es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación del debido proceso’”, señala Lombana. 

Pocos días después de esta decisión, el fiscal decretó el cierre de la investigación que para la magistrada se trató de otra “inexplicable inconsistencia”, pues no tuvo en consideración que los delitos por los que se inició la etapa de instrucción constituían penas superiores a los 4 años de prisión y según la ley, en estos casos es procedente otorgar medida de aseguramiento en centro carcelario. 

Ahora el tribunal disciplinario estudiará los argumentos para determinar una posible actuación irregular del fiscal Jaimes en su actuar durante el caso del embajador en Venezuela. 

Fuente

Sistema Integrado de Información

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