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Kevin Whitaker
Kevin Whitaker, embajador de los Estados Unidos en Colombia.
Foto: Colprensa

La presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Patricia Linares, pidió esta semana al embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, respeto a la autonomía de ese tribunal en medio de la polémica por el caso del exjefe de las Farc Jesús Santrich, pedido en extradición por narcotráfico.

“Confiamos en el respeto que usted y su Gobierno deben a la independencia y la autonomía judicial, dijo Linares en una carta de enviada al embajador, quien no es la primera vez que mantiene un pulso con la justicia colombiana por casos de ex miembros de las Farc solicitados en extradición.

La respuesta se dio tras las declaraciones que el jueves pasado dio Whitaker al noticiero CM&, en las que aseguró que "la JEP debe enfocarse en los delitos cometidos antes de la entrada en vigor del acuerdo”.

En la entrevista, el diplomático cuestionó su labor al considerar que el caso Santrich fue con posterioridad al 1 de diciembre de 2016, cuando se firmó el acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc y, por tanto, debe ser extraditado.

Santrich fue capturado por la Fiscalía el pasado 9 de abril con base en una circular roja de Interpol a petición de Estados Unidos, cuya justicia lo acusa de tener un acuerdo para exportar diez toneladas de cocaína a ese país después de que las Farc firmaran el acuerdo de paz el 24 de noviembre de 2016.

“Yo he leído el acuerdo y dice que delitos cometidos con posterioridad del primero de diciembre de 2016 son sujetos a la jurisdicción regular, incluyendo la extradición. Estamos hablando de un delito con posterioridad, punto, dijo Whitaker.

-Respuesta de la JEP-

La misiva de Linares sostiene que “los magistrados de esta corporación (la JEP) actúan y actuarán siempre dentro del estricto cumplimiento de la Constitución y las leyes de la República”.

Recuerda que Colombia tiene una larga tradición en el cumplimiento de acuerdos nacionales e internacionales que reconocen los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, así como que sus autoridades respetan los principios de independencia de la justicia, separación del poder público y soberanía de los Estados.

“El país y la comunidad internacional pueden estar seguros de que la JEP cumple y cumplirá su misión dentro del respeto al marco constitucional y legal, precisa Linares en la misiva.

Por último, aclaró que “los integrantes de la JEP” son conscientes de su “responsabilidad histórica para la consecución de una paz estable y duradera en Colombia, todo bajo la convicción profunda de la supremacía del derecho y el respeto a las instituciones, eficaces garantías que protegen la democracia”.

El pasado 17 de mayo, la JEP (organismo encargado de juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto armado de Colombia) tomó la decisión de suspender el trámite de extradición a Estados Unidos Santrich.

El tribunal de paz interrumpirá ese trámite durante un máximo de 120 días, durante los cuales determinará si el exguerrillero debe ser remitido a la justicia ordinaria colombiana, lo que permitiría proseguir con la extradición o debe someterse a la justicia transicional.

La decisión de suspender la extradición a EE.UU. es consecuencia de la solicitud para revisar el caso elevado por el mismo exguerrillero.

-Whitaker y la Corte Suprema-

El malestar de la JEP con el diplomático recordó el también pulso que mantuvo hace un año el embajador Whitaker con la Corte Suprema de Justicia, por la libertad que concedió el tribunal a un ex miembro de las Farc –también- solicitado en extradición por ese país.

El 28 de junio de 2017 se conoció una comunicación de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la que expresaba su inconformismo y rechazo a los cuestionamientos que fueron realizados por el embajador Whitaker, tras un fallo del alto tribunal que le concedió la libertad al exguerrillero alias 'Náder'.

Para la Corte Suprema de Justicia no era aceptable -a la luz de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas- que un embajador de un país amigo hiciera reclamos sobre las decisiones judiciales, cobijadas por la soberanía que la Constitución colombiana demanda.

La Corte Suprema le recordó en su momento al embajador Whitaker, en una carta enviada a través de la Cancillería, que los agentes diplomáticos deben “proteger los intereses del Estado acreditante y los de sus nacionales, dentro de los límites permitidos por el derecho internacional”.

"Como Magistrados de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazamos que un Agente Diplomático de un país amigo nos reclame públicamente por el contenido de una decisión judicial dictada en desarrollo de nuestro ejercicio soberano como Magistrados de la República de Colombia, conforme con la independencia y autonomía que nos garantiza el Artículo 230 de la Constitución Política", precisa la misiva del alto tribunal.

La carta se envía en respuesta a la misiva que el Embajador de Estados Unidos en Colombia envió 6 de junio, en la que expresaba varios cuestionamientos sobre la libertad ordenada por la Corte Suprema en el caso del desmovilizado de las Farc Julio Enrique Lemos, alias ‘Nader' solicitado por ese país por el delito de narcotráfico y secuestro.

En ese entonces, la misión diplomática consideraba que si bien han sido respetuosos de la independencia de la justicia colombiana ese país creía que en la decisión de ordenar la libertad del miembro de las Farc no fueron tenidas en cuenta la “gravedad” de las actuaciones relacionadas con el secuestro de un ciudadano estadounidense.

Para Estados Unidos, el secuestro fue un delito despiadado e inhumano contra una víctima, ciudadano americano quien actualmente reside en los Estados Unidos, según el escrito enviado a la Corte Suprema por el embajador de ese país en Colombia, Kevin Whitaker.

Fuente

RCN Radio y EFE.

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