Corte Suprema tramitará solicitud de extradición de Aida Merlano
La excongresista se encuentra actualmente privada de su libertad en Venezuela.
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema será la encargada de tramitar toda la solicitud de extradición de la excongresista Aida Merlano Rebolledo, quien se encuentra actualmente privada en una cárcel de Venezuela.
Solicitud de extradición de la excongresista Aida Merlano será tramitada por la Sala Especial de Primera Instancia de @CorteSupremaJ que la condenó, el 12 de septiembre de 2019, a 15 años de prisión por concierto para delinquir, corrupción al sufragante y tenencia de armas . Ver pic.twitter.com/Ck3kVd6YhB
— Corte Suprema de Justicia (@CorteSupremaJ) January 31, 2020
El pasado martes, después de conocerse la recaptura de Merlano, la Cancillería de Colombia le envió a la Sala de Casación Penal los documentos referentes a la extradición.
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Sin embargo, el magistrado que analiza el recurso de apelación de la condena de 15 años de prisión por compra de votos, señaló que todo el tramite de extradición debe ser adelantado por la Sala que emitió la condena el 12 de septiembre de 2019.
Debido a esto, será esta Sala la encargada de hacer la solicitud el Gobierno de Colombia para que realice el respectivo tramite de extradición ante el Gobierno de Venezuela.
“La competencia para dar cumplimiento a la extradición en el presente caso es de la Sala de Juzgamiento de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia, la cual dictó el fallo condenatorio en contra de la excongresista Aida Merlano”, dice la decisión firmada por el magistrado Luis Antonio Hernández de la Sala Penal.
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Merlano fue condenada, en primera instancia, a 15 años de prisión, por su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado, corrupción al sufragante, en calidad de coautora y tenencia ilegal de armas.
Igualmente, la Corte Suprema adelanta una investigación en contra de la excongresista por presuntamente haber violado los topes electorales para su campaña al Senado de la República en 2018.
El alto tribunal busca verificar si en efecto se sobrepasaron los 884 millones de pesos permitidos por la autoridad electoral. Las pruebas indican que los gastos habría estado entre los mil o seis mil millones de pesos.
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El proceso se desprende del operativo adelantado a su sede de campaña en Barranquilla, donde las autoridades encontraron armas, material electoral y alrededor de 261,441 millones de pesos en efectivo.
Entre los otros elementos materiales se encuentran cuatro mil documentos y 33 paquetes de operaciones, como talonarios de consignaciones que habrían sido utilizados para financiar su campaña política.
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