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La JEP abre investigación por hechos ocurridos entre 1986 y 2016, entre los que figuran masacres cometidas por Farc y paramilitares.

La Chinita, en el Urabá antioqueño
Una víctima del conflicto carga a sus hijos en su bicicleta en el barrio La Chinita, en Apartado (Antioquia). El 23 de enero de 1994, la guerrilla de las Farc asaltó el barrio de La Chinita, dispararon indiscriminadamente y mataron a 35 personas en una de las primeras masacres cometidas la extinta guerrilla.
AFP

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abrió investigación por los hechos de violencia ocurridos en el país, entre 1986 y el 2016 en el Urabá Antioqueno, Bajo Atrato y en el Darién. 

Este es el cuarto caso priorizado en la JEP en el que se incluye:

.- Las masacres cometidas por las FARC

.- El exterminio de la Unión Patriótica 

.- Las masacres cometidas por grupos paramilitares y la creación de las cuestionadas Convivir.

.-El periodo de la política de Seguridad Democrática durante el Gobierno de Álvaro Uribe y el proceso de Justicia y Paz con los grupos paramilitares.

.- El surgimiento de grupos armados como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y de las denominadas Bacrim. 

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“La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de Hechos y Conductas de la JEP avocó conocimiento de los hechos victimizantes relacionados con la situación territorial de la región de Urabá, específicamente en los municipios de Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá y Dabeiba, en el departamento de Antioquia; y El Carmen del Darién, Riosucio, Unguía y Acandí, en el departamento de Chocó”, precisa el organismo en un comunicado.

Esta investigación involucra 174 comparecientes entre miembros de las Farc y de la Fuerza Pública.

Además los casos priorizados pueden involucrar a otros agentes del estado, militares y civiles que eventualmente sean mencionados en las declaraciones de quienes ya están sometidos a la JEP. 

La Sala de Reconocimiento de la JEP precisó en su comunicación que “tuvo en cuenta la grave situación de derechos humanos ocurrida en esta zona y los efectos que produjo sobre las poblaciones, grupos y personas en los territorios; la participación de presuntos responsables de las Farc-EP y la fuerza pública en el desarrollo de acciones de violencia”.

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La JEP precisa que esas acciones violentas de la guerrilla y los agentes del Estado “se materializaron a través de prácticas, modus operandi y conductas que se replicaron en lugares diferentes y que causaron daños graves a las poblaciones, grupos de personas y sus proyectos de vida, entre ellos, líderes sociales, empresarios, mujeres, niños, niñas, adultos mayores, campesinos, indígenas y afrocolombianos, entre otros”.

Los otros tres casos que han sido priorizados por la JEP hasta ahora son: los denominados Falsos Positivos, los hechos ocurridos en Tumaco, Barbacoas y Ricaurte (Nariño) y los secuestros cometidos por las Farc.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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