CTI inspeccionó Grupo de Energía de Bogotá por escándalo de chuzadas

Una comisión especial del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, adelantó una inspección judicial a las instalaciones del Grupo de Energía de Bogotá, en desarrollo del proceso penal que se sigue por el escándalo de interceptaciones telefónicas ilegales y un presunto espionaje corporativo.

La diligencia judicial hace parte de las indagaciones que se adelantan tras información que advierte que el abogado Felipe Jaramillo Londoño, quien representaba los intereses del Grupo de Energía de Bogotá, podría haber sido unas de las víctimas de esta organización criminal dedicadas a las ’chuzadas telefónicas’.

Esta inspección hace parte de una de la investigación que originó la reciente captura y el envió a prisión del entonces fiscal 32 de la dirección contra las organizaciones criminales, Fabio Augusto Martínez Lugo, quien no aceptó ser responsable de los cinco delitos formulados por la Fiscalía.

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El investigador acusó al fiscal Martínez Lugo como supuesto responsable de los delitos de concierto para delinquir, prevaricato por acción, fraude procesal, violación ilícita de comunicaciones y utilización ilícita de comunicaciones.

“Jaramillo Londoño es abogado y fue apoderado de un señor de apellido Ocampo Arias, en un proceso en contra de la empresa de energía eléctrica de Bogotá”, señaló en su oportunidad el fiscal del proceso.

RCN Radio conoció que dichas interceptaciones se produjeron para el periodo comprendido entre el 25 de junio al 14 de agosto de 2018.

Víctimas identificadas

Por este caso la Fiscalía confirmó que entre las víctimas de estas 'chuzadas' telefónicas, también se encuentra el actual director general de Enel Colombia y quien para la época de los hechos fungía como presidente para Latinoamérica del Grupo Enel - Condensa, el empresario español Lucio Rubio Díaz.

La investigación hace relación a hechos registrados en 2018, donde se advierte que el fiscal capturado justificó las interceptaciones con información privilegiada que correspondía a otros procesos penales (como el de un hurto menor a un taxista), e indujo al error a los jueces de control de garantías que avalaron esos procedimientos.

Asimismo, sostuvo que entre el 18 de diciembre de 2017 y el 16 de enero de 2018, el fiscal Martínez Lugo habría interceptado ilícitamente los abonados telefónicos pertenecientes a varios miembros de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac), como el capitán Julián Pinzón.

Avanza estudio de otros ‘chuzados’

Con relación con este proceso, la Fiscalía también avanza en el análisis e indagaciones respectivas de más de 300 abonados telefónicos, para establecer cuáles de dichas líneas corresponderían a otras posibles víctimas.

Cabe recordar que por estos mismos hechos,  Luis Carlos Gómez Góngora, exfuncionario encargado de coordinar la sala de interceptaciones de la Fiscalía General, fue procesado y cobijado con medida de aseguramiento el pasado 17 de diciembre.

Incluso, en desarrollo de una reciente audiencia de acusación, Gómez Góngora aceptó cargos ante un juez por los delitos de falsedad ideológica en documento público en concurso con fraude procesal y violación ilícita de comunicaciones.