Decreto de asistencia militar encubre un estado de conmoción interior: Exmagistrado
La corporación Justicia y Democracia impuso demanda ante el Consejo de Estado.
El Consejo de Estado recibió un nuevo recurso contra el decreto 575 de 2021, expedido por el presidente Iván Duque, el cual ordena la asistencia militar para desbloquear las vías en medio del paro nacional.
Se trata de una demanda que interpuso la corporación Justicia y Democracia. Iván Velásquez, exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia y miembro de la corporación, dijo que el decreto "encubre un estado de conmoción interior en el país".
“Encubre un estado de conmoción interior que sólo puede ser decretado por el presidente de la República, con la firma de todos sus ministros, como lo dispone la constitución política”, dijo el exmagistrado.
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Velásquez dijo que en la demanda que radicaron ante el Consejo de Estado, solicitan como medida provisional la suspensión del decreto.
“Las medidas adoptadas en el decreto sólo pueden ser dictadas declarando ese estado de conmoción interior”, señaló el exmagistrado, al hablar de la restricción al derecho de circulación, la facultad para impartir las ordenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados, la suspensión de funcionamiento de los mercados.
El exmagistrado también dijo que en medio de un estado de conmoción se presenta la “la facultad de suspender a alcaldes y gobernadores cuando contribuyan a la perturbación del orden, y obstaculicen la acción de la fuerza pública”.
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Según el exmagistrado, esas suspensiones se harían, por parte de la Procuraduría, “que como se sabe es actualmente una agencia del Ejecutivo”.
Velásquez explicó que sin la declaratoria de conmoción “pretende eludir los informes que el presidente de la República debe dar al Congreso y que la Corte Constitucional realice el control automático sobre la declaratoria de conmoción y evadir la responsabilidad política”.
En contra del decreto cursan otros recursos ante el Consejo de Estado. Uno es otra demanda que interpuso el representante David Racero y una serie de tutelas que piden protección a los derechos a la protesta social.
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