Decreto sobre glifosato, uno de los requisitos que impuso la Corte Constitucional

El Ministerio de Justicia tiene listo el decreto borrador con el que buscar regular la erradicación de cultivos ilícitos, mediante aspersiones aérea, utilizando glifosato.

Dicho decreto hace parte de los requisitos que impuso la Corte Constitucional desde el 2017 para volver al uso del herbicida.

El decreto es el marco legal o la regulación sobre el que operaría la aspersión aérea de cultivos ilícitos, teniendo en cuenta la protección a la salud y el medio ambiente, tal cual como lo ordenó la Corte.

"El control de los riesgos para la salud y el medio ambiente, en el marco de la erradicación de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea”, señala parte del decreto sobre la regulación.

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El requisito de la Corte indica que debe existir una regulación del uso del glifosato que debe liderar y estar diseñada por un órgano diferente a las entidades que van a fumigar. Dicha regulación también deberá evaluar los posibles riesgos a la salud y medio ambiente.

En ese sentido, el decreto ratifica que el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE), del que hacen parte la Procuraduría y la Fiscalía, tiene la potestad de decidir sobre el regreso del herbicida.

También establece que deben quedar excluidas del plan de destrucción de cultivos ilícitos las áreas que hagan parte del Sistema de Parques Nacionales, Naturales, al igual que los páramos y las zonas de reserva protegidas.

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Existen otros tres requisitos que impuso la Corte para volver al glifosato. El más importante es la existencia de investigación científica que certifique la ausencia de daño para el medio ambiente y la salud de las poblaciones aledañas.

De esta manera, el Gobierno debe presentar pruebas de que el herbicida no causará daños a la salud. También debe existir consulta previa con las comunidades étnicas, con el fin de conocer si han sufrido afectaciones por el uso del herbicida en épocas pasadas y eventualmente proteger la cultura de algunas comunidades indígenas.

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Sobre ese punto, el decreto del Ministerio de Justicia establece que se debe garantizar que las comunidades participen de todas las fases del programa de aspersión aérea para la erradicación de los cultivos ilícitos. Además de monitoreos y alertas sobre nuevos o posibles riesgos por el uso del herbicida.

La Corte Constitucional señala que como mínimo debe incluirse a las entidades nacionales y del orden territorial del sector salud, las autoridades ambientales y las entidades que conforman el Ministerio Público.