La defensa señala que al exlíder guerrillero se le vulneraron sus derechos tras ser capturado por la Fiscalía.

Jesús Santrich
AFP

Gustavo Gallardo, abogado de Jesús Santrich, señaló que espera que el Tribunal Superior de Bogotá acoja el recurso de Habeas Corpus con el cual reclama que se le otorgue la libertad inmediata al considerar que la justicia colombiana no le ha garantizado el debido proceso a su cliente.

El jurista indicó que en este caso se violó de manera abierta lo contemplado en la Constitución  Política  a partir de haber acogido el acto Legislativo 01 de 2017, porque la justicia competente en este caso es la JEP y no jurisdicción ordinaria.

"La autoridad competente desde un comienzo  para este caso debió  ser la Justicia Especial para la Paz, la cual tuvo que ser informada de inmediato sobre la solicitud de extradición y la respectiva orden de captura internacional emitida por la Interpol en contra de Santrich y no la Fiscalía General de la Nación", indicó el abogado Gallardo.

Según el abogado Gallardo en este caso la justicia especial tiene que ejercer también la garantía y el respeto por los derechos fundamentales de Santrich y revisar  en extenso la legalidad de las pruebas y que efectivamente existan indicios y señales de responsabilidad de el exlíder de las Farc.

Asimismo, insistió que Santrich - quien se encuentra detenido en las celdas del búnker de la Fiscalía - le manifestó que se mantendrá en huelga de hambre y está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias.

La acusación formal del Gran Jurado de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York da cuenta de hechos que habrían ocurrido a partir del mes de junio de 2017 y hasta abril de 2018, relacionados con un acuerdo para exportar diez toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos.

Según las investigaciones el precio de este cargamento  habría sido convenido en la suma  de 15 millones de dólares quince millones de dólares y en el mercado negro una suma que alcanza los 320 millones de dólares.

De acuerdo con la Fiscalía los hechos investigados constituyen, entre otros cargos, el delito de conspiración para exportar cocaína a los Estados Unidos, tras los negocios pactados presuntamente con el llamado cartel de Sinaloa

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