Defensa de Piedad Córdoba pide corregir fallo que mantuvo proceso contra Alejandro Ordóñez

El abogado Julián Trujillo, quien defiende los intereses de la exsenadora Piedad Córdoba, pidió a la Corte Suprema de Justicia corregir el fallo que mantuvo la investigación contra el exprocurador Alejandro Ordóñez, por el delito de calumnia.

La investigación es por los hechos ocurridos el 11 de agosto de 2016, cuando Ordoñez dijo en una entrevista que Córdoba era ‘Teodora Bolívar’ de la guerrilla de las Farc.

Para el abogado, la sala de primera instancia habría cometido un error al señalar en la decisión que la conducta de Ordoñez era atípica pues la Corte concluyó que Ordoñez dijo lo que dijo, pero sin precisión frente a la supuesta colaboración de Córdoba con la guerrilla.

“Él se ha seguido manteniendo hasta el día de hoy en la misma afirmación; este proceso hubiera podido terminarse con una preclusión, pero también con unas excusas por parte excelentísimo embajador ante la OEA, pero no dejar el conflicto porque se sostiene en una falsa imputación contra Piedad Córdoba”, dijo.

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La defensa de Ordoñez, el abogado Alejandro Cadena, cuestionó al abogado de Córdoba y dijo que no existía ningún delito de calumnia.

“El fallo no tiene errores. Lo que quiere el doctor Trujillo es que la Corte Suprema de Justicia en segunda instancia diga que sí fue calumnia lo del doctor Ordoñez y eso no es el objetivo del recurso que interpone el abogado”, dijo.

El proceso continúa y será la Sala Penal, en segunda instancia, que decida sobre los supuestos errores que planteó el abogado de Córdoba sobre el fallo que mantiene la investigación contra Ordoñez.

La historia de este proceso inició en 2010, cuando Ordoñez se desempeñaba como Procurador General y sancionó con destitución e inhabilidad por 18 años a la excongresista Córdoba, "por encontrar probado que la exsenadora colaboró y promovió al grupo ilegal denominado Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia" (Farc).

Esa decisión estuvo sujeta a apelaciones y nulidades que terminaron en el Consejo de Estado, tumbándola en el 2016.

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Después de esa decisión a favor de Piedad Córdoba, Ordoñez (en dos medios de comunicación) mantuvo la posición de su decisión señalándolo a la exsenadora de ser “reconocida colaboradora de las Farc” y desconociendo la decisión del Consejo de Estado.

Córdoba, por su parte, expresó en medios de comunicación que Ordoñez desbordaba sus funciones al dirigir una "persecución acérrima en su contra, por ser mujer, afrodescendiente, progresista y defender las minorías sexuales y políticas".

A raíz de esas afirmaciones, se inició el proceso penal por calumnia que está en manos de la Sala de primera instancia.