Defensa de Uribe no ha sido notificada sobre el traslado del proceso a la Fiscalía
El abogado Jaime Granados aseguró que la Corte Suprema de Justicia no le ha enviado ninguna notificación.
El abogado Jaime Granados aseguró que por el momento que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia no lo ha notificado de sobre el eventual traslado a del proceso contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos a la Fiscalía General.
Advirtió que no se pueden dar declaraciones sin tener una información oficial por parte de la Corte respecto al futuro del proceso judicial.
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“Yo no puedo opinar sobre todo lo que diga el senador (Iván) Cepeda, él es muy prolífico en hacer todo tipo de actos, solamente me interesa esperar que la Corte tome la decisión que en Derecho corresponde”, señaló dijo el abogado al referirse a los anuncios del congresista del Polo Democrático sobre recusar al fiscal General, Francisco Barbosa si la Corte envía el expediente al ente investigador.
Varios medios de comunicación han especulado sobre una supuesta de la decisión de la Sala de enviar el expediente a la Fiscalía. Sin embargo, la Corte no ha confirmado esa información y tampoco ha notificado a ningún abogado respecto al tema.
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“La señora secretaria me ha dicho que no ha bajado ninguna decisión y cualquier otra cosa es una especulación. Debemos trabajar sobre hechos ciertos y no especulaciones” dijo Granados.
Álvaro Uribe es investigado por presunta manipulación de testigos relacionada a los delitos de fraude procesal y soborno.
Después de renunciar a su curul en el Congreso, varios expertos en derecho penal han señalado que la Corte habría perdido la competencia para continuar con las investigaciones contra el expresidente Uribe.
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De hecho, su defensa y la Procuraduria coincidieron en solicitarle a la Corte que el expediente se envíe por competencia a la Fiscalía.
El alto tribunal evalúa si Uribe habría usado su fuero de congresista para supuestamente manipular testigos a su favor.
La defensa de Cepeda dice que los inicios del proceso se desprenden de un debate de control político en el Congreso desarrollado en el 2014 sobre el paramilitarismo “en el cual él (Uribe) intervino en forma extensa anunciando que iría, en ese mismo momento, a presentar “pruebas” en mi contra (Cepeda) ante la Corte Suprema de Justicia”.
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Además, dice que Uribe habría aprovechado su condición de jefe de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) para encomendar otras tareas a sus funcionarios supuestamente relacionadas a este proceso.
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