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Álvaro Uribe
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Colprensa

La defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez le solicitará a la Fiscalía General que suspenda los alcances de la medida de aseguramiento emitida por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia el pasado 4 de agosto.

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En la petición, se sostiene que el caso del exsenador se encuentra ahora bajo la ley 906 y no en la 600, reseñando que Uribe no ha sido imputado ante un juez de control de garantías como lo establece el Código Penal. 

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El fiscal que asuma el proceso deberá determinar si avala o no la solicitud de libertad presentada por el abogado Jaime Granados Peña, quien encabeza la representación jurídica de Uribe en este caso. 

Uribe, quien se encuentra con detención domiciliaria por presuntamente poder obstruir a la justicia y la recolección de pruebas, ahora será investigado por la Fiscalía General por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. 

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Esto después que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidiera por unanimidad trasladar el expediente al ente investigador al perder la competencia tras la renuncia de Uribe a su curul en el Senado.

En la decisión, que le fue notificada a todas las partes este martes se señala que los hechos por los que es investigado no tienen relación directa con su función parlamentaria. 

Los magistrados concluyeron que son delitos ordinarios que no entran en la órbita de la Corte Suprema de Justicia, por lo cual deben ser investigados por la Fiscalía General. 

En la notificación de la decisión al Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec), la Corte Suprema no señaló nada referente a la medida de aseguramiento que existe contra el ahora excongresista.

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Fuentes cercanas explicaron que el fiscal que asuma el caso deberá tomar, como primera decisión, la solicitud de libertad del exmandatario. 

Igualmente, todas las pruebas recolectadas por el magistrado ponente Cesar Reyes pasarán a conocimiento de un juez de control de garantías que deberá verificar su legalidad. 

Fuente

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