Demandarán fallo de la Contraloría que dejó en firme sanción económica a Reficar
Según la defensa de los directivos de Reficar, no hubo perdidas de dineros públicos como lo dice el fallo de la Contraloría.
El abogado Uriel Amaya, quien representa a algunos de los implicados en el caso de la Refinería de Cartagena (Reficar), anunció acciones jurídicas por la decisión de la Contraloría General que dejó en firme la millonaria sanción económica por hechos de presunta corrupción detectados en ese proyecto energético.
En diálogo con RCN Radio, el abogado habló de una demanda ante jueces de lo contencioso Administrativo que no se descarta que sea el Consejo de Estado, tras precisar que hubo irregularidades dentro del proceso que adelantó la Contraloría.
“Actuaciones contrarias a la ley y el fallo mismo está viciado de esas irregularidades. Por ejemplo, el supuesto daño que se configuró corresponde a un análisis financiero cuestionable que se inventó la Contraloría”, dijo el abogado.
Lea también: Exhibición de emprendimientos de migrantes venezolanos busca combatir la xenofobia en Bogotá
El fallo de la Contraloría señala que hubo daños patrimoniales a los intereses del Estado, derivados del manejo de recursos públicos que “conllevaron a la pérdida de valor de las mayores inversiones en el Proyecto de Ampliación y Modernización de la Refinería de Cartagena, al aprobarse las adiciones de recursos CAPEX en exceso sobre los niveles acordes con la remuneración del capital aportado al proyecto a su costo de oportunidad”.
Al respecto, Amaya aseguró que todos los dineros que se adicionaron para ejecutar el proyecto están invertidos en la obra, por lo que “no hubo un solo peso que se hubiera perdido (…) el inexistente daño patrimonial se demostró con dictámenes periciales”.
(Audio) Uriel Amaya, abogado de algunos de los implicados en el escándalo de Reficar.
Cabe mencionar que el fallo de la Contraloría es por un total de 2.9 billones de pesos contra cinco exfuncionarios de Reficar, siete miembros de su junta directiva y cuatro contratistas, por hechos de corrupción detectados en ese proyecto.
Los condenados fiscalmente son los presidentes Yanes Reyes Reinoso y Orlando José Cabrales Martínez, los vicepresidentes Carlos Eduardo Bustillo Lacayo, Andrés Virgilio Riera Burelli Y Magda Nancy Manosalva Cely; los miembros de la junta directiva: Javier Genaro Gutiérrez Pemberthy, Pedro Alfonso Rosales Navarro, Diana Constanza Calixto Hernández, Henry Medina González, Hernando José Gómez Restrepo, Natalia Gutiérrez Jaramillo Y Uriel Salazar Duque.
Entre tanto, los contratistas son Chicago Bridge & Iron Company Cb&I Uk Limited, CBI Colombiana S.A. (en liquidación), Foster Wheeler Usa Corporation Y Process Consultants INC.
Sistema Integrado de Información
