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El exvicefiscal y representante de las cerca de 1.700 víctimas que dejó el millonario desfalco de Interbolsa, Francisco José Cintura, aseguró que confía en que no tendrá futuro de prosperar en instancias judiciales las demandas instauradas contra la Nación, por parte del empresario italiano Alessandro Corridori. 

Este hombre quien fue procesado como uno de los protagonistas del desfalco de la firma comisionista, presentó tres demandas por un monto de 146.292 millones de pesos contra el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras y la Superintendencia Financiera de Colombia, alegando una violación al debido proceso administrativo.

“Estamos hablando de aproximadamente 1.700 víctimas de este desfalco, más o menos 1.068 del Fondo Premium y más o menos 600 de la comisionista de bolsa. Los recursos que las entidades administrativas lograron recaudar no alcanzaron obviamente para indemnizar a todas las víctimas, solo hubo una indemnización parcial”, dijo Cintura.

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Asimismo, sostuvo que la Fiscalía tampoco logró dentro de su gestión administrativa contribuir al propósito de que las víctimas fueran totalmente indemnizadas.

“Aquí hubo toda suerte de víctimas, desde grandes corporaciones y compañías; universidades; colegios; amas de casa; pensionados; personas que perdieron sus recursos y sus inversiones, creyendo en una compañía que era supervisada por la Superintendencia Financiera y que se fue al traste”, señaló el exvicefiscal.   

También indicó que “esto evidencia que la administración de justicia todavía está en pañales para atender los grandes casos de desfalcos nacionales”.

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El jurista cuestionó que la Fiscalía y la administración de justicia hayan permitido que el proceso contra el empresario italiano Alesandro Corridori prescribiera, pese a que como delegado de las víctimas lo había advertido oportunamente.

 “Es inconcebible que en el caso particular de Alessandro Corridori, la administración de justicia en el largo tiempo que disponía para resolver su caso judicial no alcanzó a hacerlo, es decir, que el caso prescribió en manos de la administración de justicia, una prescripción claramente advertida. Por ello, cualquier tipo de reclamo frente a la Nación no puede tener vocación de prosperidad, en la medida en que no logró acreditar su carácter de inocente”.

Igualmente indicó que pese a que hubo varias condenas contra otros de los implicados por penas que oscilan entre los 7 y los 15 años, también se presentaron diversos casos en los cuales las personas lograron “escabullir” sus responsabilidades por las prescripciones y otros que se encuentran activos con riesgo de prescribir por una serie de maniobras dilatorias y el tiempo sigue pasando sin que la justicia tome una decisión final.

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“Hay realmente un diagnóstico de una parcial impunidad y una precaria actividad de reconocimiento de la administración de justicia, si uno entiende que la justicia es darle a cada cual lo que se merece, aquí fue muy parcia”, agregó. 

Fuente

Sistema Integrado de Información

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