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Disturbios en el sector de La Loma, en Cali
Disturbios en el sector de La Loma, en Cali.
AFP

Organizaciones defensoras de Derechos Humanos denunciaron ante la Corte Penal Internacional (CPI) una supuesta “consolidación del paramilitarismo urbano” en el país, durante las manifestaciones del paro nacional.

Las denuncias hacen referencia a los videos que circulan por las redes sociales en donde se ve a civiles armados disparando contra la población que se sitúa en las calles participando en las protestas. 

“Entrega evidencias acerca de ataques armados liderados por civiles en presencia de agentes de Policía y del Ejército Nacional, en las ciudades de Cali, Popayán, Pereira, Tuluá, Yumbo y Bucaramanga”, dice un comunicado sobre el informe.

De acuerdo con el senador Iván Cepeda, uno de los autores del informe, se trata de un segundo documento que se entrega a la CPI y que recoge los hechos ocurridos desde el 28 de abril en Colombia, calificados como “crímenes de lesa humanidad”. 

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Se habla de “al menos 3.825 violaciones a los derechos humanos, entre el 28 de abril y el 2 de junio” y de 229 nuevos hechos violentos desde el 11 de mayo que “hacen referencia a 1271 nuevas víctimas, de las cuales se aporta la identidad de 554 personas”. 

Entre los hechos, hay registros de casos de “asesinatos; violación y violencia sexual; tortura y otros actos inhumanos; encarcelación u otra privación grave de la libertad física; hechos de paramilitarismo urbano como nuevo modus operandi contra la protesta social”.

Según el senador, se han identificado “22 patrones de conducta, acciones u omisiones por integrantes de la Policía y el Ejército, grupos civiles armados”. 

También se cuestiona “el silencio y la ausencia de condena pública por parte del presidente Iván Duque, el ministro de Defensa, Diego Molano; a los generales Eduardo Zapateiro y Jorge Luis Vargas e igualmente al exsenador Álvaro Uribe por su incitación a la violencia”. 

Así como “las actuaciones parcializadas de la Procuraduría General de la Nación; la actuación de impunidad del fiscal Francisco Barbosa y las actuaciones omisivas del Defensor del Pueblo”. 

Los firmantes del informe son el senador Iván Cepeda y las organizaciones Temblores, Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas, la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, la Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, la Red de derechos humanos Francisco Isaías CifuentesMarcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos. 

Fuente

Sistema Integrado de Información

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